Uno de los temas que ha generado mayor discusión durante la tramitación de la Ley de Presupuestos es la reactivación de la empresa pública Sacor. Al efecto, la asignación en el presupuesto de Corfo a través de la cual se le transfieren cerca de US$260 millones para 2018, se trató con detalle en la Comisión Especial Mixta.

Cabe recordar que la sociedad agrícola Sacor SpA fue creada por Corfo, su único accionista, en el año 1964 para la explotación y administración de predios rústicos de cualquier clase y la prestación de cualquier servicio de fomento agropecuario.

En el año 2012, el SEP recomendó disolverla y liquidarla, atendido a que dicha sociedad, a pesar de haber desarrollado múltiples actividades comerciales dentro de su giro de fomento agropecuario, desde el año 2004 hasta a la fecha no se encontraba en operaciones. En septiembre de dicho año, el consejo de la Corfo adoptó un acuerdo en tal sentido, facultando a su vicepresidente ejecutivo para designar a la comisión liquidadora, firmando escritura pública al efecto.

Sin embargo, tres años más tarde y de acuerdo con una resolución afecta al trámite de toma de razón, publicada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), se dispone que estando pendientes gestiones para dar término a la liquidación, se deja sin efecto el término anticipado y se mandata que esta reinicie el desarrollo normal de actividades.

Lo que se presentó en la Ley de Presupuestos es una capitalización vía glosa con el objetivo de que Sacor ejecute los programas de cobertura de riesgos y respalde las coberturas que se encuentran comprometidas por Corfo. Si bien se reconoce la necesidad de hacerse cargo de este programa, orientado a afianzar créditos para que las pymes puedan acceder al financiamiento, en efecto, no procede hacerlo por esta vía. Este Gobierno solicitó un informe al Banco Mundial, que le recomendó que una entidad administrara este sistema, a lo que Corfo resolvió con la reactivación de la empresa en comento con dicho fin.

Al efecto, corresponde recordar que el giro de Sacor es eminentemente agropecuario, y vía glosa presupuestaria se presenta ampliar este giro, para hacerse cargo de esta situación particular. La propia Corfo, a través de su vicepresidente y su fiscal, señalaron en el debate legislativo que la Contraloría indicó la necesidad de contar con autorización legal para este fin y con ello poder modificar los estatutos de la empresa. De esta forma, queda de manifiesto que Sacor no tiene facultades legales para efectuar esta operación, requiriendo ley expresa.

Al revisar nuestro ordenamiento jurídico, corresponde que para tales efectos se tramite una ley especial, con quórum calificado de acuerdo con la Constitución, y no a través de una glosa presupuestaria. Se critica la forma de proceder de la actual administración, aunque las glosas parecen ser la vía común para resolver sus problemas, pues es poco prudente por todo el peso y costo que su nueva puesta en marcha conlleva y, además, considerando que este gran aporte de capital no es considerado como gasto público.

Columna de Cristina Torres, Abogada del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, publicada en Pulso.-