Prioridades de Política Pública para 2018

Buenas (o malas) políticas públicas tienen el poder de cambiar el devenir de una sociedad. Prueba de ello es el desempeño alcanzado por comunidades de igual origen, que bajo sistemas distintos han alcanzado estados de desarrollo completamente disímiles. Basta ver la experiencia de Corea del Norte y del Sur o de Alemania Oriental y Occidental (previo a la reunificación) para comprender que las acciones del Estado, las instituciones, las leyes y regulaciones y el modelo de desarrollo inciden directamente en la vida de las personas.

Chile entendió tempranamente la lección y se transformó en un país caracterizado por aplicar reformas exitosas. Ello se tradujo en un ingreso per cápita tres veces mayor al existente tres décadas atrás, una reducción de la pobreza de 68% en 1990 a 11,7% el 2015 (según datos del PNUD) e incluso una disminución de la desigualdad -medido por el índice de Gini- de 0,52 a 0,48 en igual período. Estos logros sociales y económicos fueron posibles gracias al esfuerzo de los chilenos y a un adecuado marco institucional y regulatorio que permitió el despliegue de la iniciativa privada como complemento a la provisión estatal en los más diversos rubros, incluidos la educación, salud y previsión.

Lamentablemente, en los últimos 4 años hemos sido testigos de un drástico giro en el diseño de políticas públicas que ha sido altamente costoso para el país. La desconfianza despertada por algunos y por la propia autoridad llevó a proponer transformaciones estructurales, con el fin de socavar la iniciativa privada. Los dardos apuntaron a la educación particular subvencionada, a las concesiones hospitalarias y a los derechos de aprovechamiento de agua, por nombrar algunos, además de elevar la carga tributaria y reforzar el rol del Estado en la prestación de servicios y bienes. Los resultados no tardaron en llegar: cayó la inversión, se precarizó el mercado laboral, aumentaron las listas de espera por atenciones de salud y la deuda hospitalaria, creció la delincuencia y el terrorismo, y no mejoró la calidad de la educación.

Estando ad portas de una nueva definición presidencial, es buen momento para evaluar propuestas que nos permitan revertir este mal escenario. ¿Cuáles debieran ser las prioridades? Las acciones más urgentes debieran guiarse por las principales preocupaciones manifestadas por la gente; estas son, crecimiento y empleo, educación, salud, delincuencia, infancia y pensiones.

En materia de crecimiento se requiere dar señales concretas que mejoren las expectativas y alienten la inversión. Reducir y simplificar la carga tributaria, destrabar proyectos entrampados en la permisología estatal, depurar la regulación, entregar certeza jurídica y reducir los espacios de discrecionalidad son claves para ello.

En materia de salud, y considerando que cerca del 80% de los chilenos está asegurado en el sector público, la prioridad debiese ser incrementar su resolutividad y calidad. Por ello, los esfuerzos debiesen centrarse en mejorar la gestión hospitalaria, la disponibilidad de médicos especialistas y el rol de los consultorios para dar oportunidad en la atención. Igualmente, la debida protección a los niños vulnerados no puede seguir esperando, así como tampoco una reforma previsional que se haga cargo de mejorar las pensiones sin perjudicar el mercado laboral ni los incentivos al ahorro.

En materia de educación se requiere reenfocar los esfuerzos hacia mejorar la calidad, elemento ausente en las políticas que ha promovido la actual administración. La mal llamada ley de inclusión atenta directamente contra la libertad de los estudiantes, apoderados y desarrolladores de proyectos educativos, reemplaza (en vez de elevar) los recursos existentes con fondos públicos, e impone un importante costo administrativo a los colegios. Educación superior, en tanto, también requiere de una pronta revisión, puesto que la reforma planteada por esta administración, con la excusa de la gratuidad, busca controlar el sistema vía controles de precios, cupos y contenidos educacionales, a lo que se suma un significativo costo fiscal que desvía recursos desde usos más urgentes.

Finalmente, en materia de delincuencia no sólo se necesita de mejoras administrativas, operativas y de inteligencia, sino además una voluntad real de la autoridad por cumplir con el mandato de garantizar la seguridad y el orden público.

Los desafíos de política pública que enfrentará la próxima administración son muchos y, ciertamente, trascienden a los acá enumerados. Pero lo más importante es que todos los esfuerzos del Estado deben centrarse en las personas y sus necesidades y no en la agenda política del gobierno de turno. Propuestas como una nueva Constitución, crear un ente estatal que administre los fondos de pensiones o levantar universidades estatales aunque no tengan alumnos ciertamente van en la dirección equivocada.

 

Columna de Susana Jiménez, Subdirectora de Libertad y Desarrollo, publicada en Pulso.-