Incertidumbre

El presidente de la Bolsa fue muy criticado cuando anunció que preveía un colapso bursátil si no ganaba Piñera. Al día siguiente de la primera vuelta, sin embargo, las cifras le dieron en parte la razón; ante un escenario electoral menos favorable de lo previsto, el IPSA retrocedió 5,86%, su mayor caída diaria en seis años.

Lo que hay detrás de esta caída (y de la mayor volatilidad esperable en las próximas semanas) no responde ni a preferencias políticas ni ideológicas. “Es la economía, estúpido”, como decía la frase acuñada durante la campaña electoral americana de 1992. Lo que el mercado leyó en el resultado electoral es que si bien Sebastián Piñera sigue teniendo la mayor probabilidad de ganar las elecciones presidenciales, existe un “riesgo” de que gane su contrincante, representante de una izquierda muy radicalizada. Ello puede incidir fuertemente en el devenir de la economía.

Los temores tienen, por cierto, fundamento. Aun cuando los distintos programas presidenciales han relevado la importancia de retomar el crecimiento económico (bajo la actual administración la expansión del PIB promediará un magro 1,8% anual) y reimpulsar la inversión (que el 2017 completará 4 años de caída consecutiva), es en las propuestas específicas donde se marca la real diferencia.

El programa del ex Presidente Piñera apunta a estimular una economía más dinámica y competitiva, para lo cual propone una serie de medidas. Esto incluye una contundente agenda de reimpulso competitivo y de simplificación regulatoria; destrabar proyectos de inversión; el perfeccionamiento del sistema de evaluación de impacto ambiental y la modernización de las empresas públicas. En lo tributario, propone reducir la tasa de impuesto a las utilidades retenidas de las empresas y la reintegración gradual del impuesto de primera y segunda categoría, además de reducir y simplificar la carga administrativa de la reforma tributaria. El programa contempla también una amplia cartera de inversiones en infraestructura por más de US$ 20.000 millones en cuatro años, medidas de simplificación de trámites e incentivos para la innovación, el emprendimiento y las PYMES, y una agenda laboral que beneficie a los trabajadores con mayor capacidad de negociación, más vacaciones, mejor programa de capacitación y un sistema de reconversión e intermediación laboral. Es, en el fondo, un programa que reconoce las virtudes que ha tenido la economía social de mercado en el desarrollo socioeconómico del país, que busca promover la iniciativa privada y eliminar las trabas a la competencia, mejorar el marco regulatorio y hacer más eficiente el aparato público.

Lo anterior se contrapone al modelo refundacional promovido por la Presidenta Bachelet, donde prima lo estatal, se desconfía de la iniciativa privada y se remplaza la política social focalizada por una promesa de derechos universales. “Chile quiere otro camino” dice A. Guillier; “Chile quiere un cambio” asiente B. Sánchez, confirmando el ímpetu continuador del primero, y profundizador de la segunda, respecto del fallido proyecto económico de la actual administración.

Es así como Guillier propone en su programa mantener intacta la reforma tributaria aprobada, y estudiar un aumento al royalty minero. En materia laboral, avanza incluso más allá, proponiendo ampliar la actividad sindical con titularidad en la negociación colectiva y su existencia vinculante a todo nivel, además de establecer el derecho a huelga para todos sin excepción (incluidos los temporeros). Continuador también de la reforma previsional, propone elevar de 2 a 3 puntos la parte de la cotización adicional destinada al sistema de reparto bajo administración estatal. El programa presenta una constante preocupación por la falta de diversificación de la matriz productiva, para lo cual recurre a la vieja receta de impulsar la emergencia de nuevas industrias y sectores (clusters), en la convicción de que los burócratas del Estado conocen mejor el potencial de desarrollo del país que quienes están directamente involucrados en los distintos sectores. Para ello, refuerza el rol de CORFO y BancoEstado, además de promover la creación de nuevas empresas estatales. En materia sectorial, las propuestas regulatorias son preocupantes, pues van desde modificar la figura de concesiones mineras para reemplazarla por meras patentes-lo que es muy grave-, hasta empujar la reforma al Código de Aguas, que debilita los derechos de aprovechamiento de agua existentes. Por último, persevera con la idea de una nueva Constitución con todos los riesgos que ello conlleva.

Pero, fiel al lema “cada día puede ser peor”, deberá negociar su programa con el Frente Amplio a fin de lograr los votos suficientes para remontar la diferencia con el candidato Piñera y tener la opción de disputarle la elección. El problema es que el menú programático de Sánchez es aún más temerario: impuesto al patrimonio y tramo adicional de 50% del impuesto a la renta, desintegración completa del sistema tributario, No+AFP e introducir un sistema previsional de reparto, derecho de huelga efectivo (sin servicios mínimos), expansión de empresas públicas, expropiación de empresas y de derechos sobre recursos naturales, proteccionismo arancelario y, por supuesto, Nueva Constitución vía Asamblea Constituyente.

Cualquiera sea la convergencia entre ambos programas, es evidente que la alternativa que ofrece la candidatura de centro derecha versus la de izquierda conducen a caminos muy distintos. Piense bien a qué país se quiere parecer cuando vaya a las urnas; está en juego mucho más que un simple voto.

Columna de Susana Jiménez, Subdirectora de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-