Déjà vu

“Nuestro verdadero adversario no son los hipotéticos cuatro años de gobierno de Piñera, sino que los últimos 30 años de un modelo político, económico y social que beneficia a unos pocos”. Así se expresaba la candidata Beatriz Sánchez cuando esta semana presentaba los lineamientos para la fase final de su campaña. Fue entonces cuando tuve la sensación de revivir algo ya experimentado en el pasado. Recuerdo muy bien que a propósito de las ideas planteadas en libros como “El Derrumbe del Modelo” o “El Otro Modelo”, la Presidenta Bachelet señalaba que “las transformaciones no solo son posibles, sino indispensables”, haciendo alusión a la misma visión crítica respecto de la economía social de mercado que se había promovido en Chile en las últimas décadas.

La coincidencia es curiosa, más aún cuando por estos días los candidatos de izquierda intentan mostrar matices de diferencia que, en la práctica, no son tales. Es la misma mirada ideológica estatista y recelosa de la iniciativa privada y la libertad de elección. Pero quizás lo más preocupante es la total indiferencia ante lo que muestra la evidencia, lo que inevitablemente conduce a consignas y a un diagnóstico errado de lo que el país necesita para volver a crecer, generar empleos, superar definitivamente la pobreza y mejorar la calidad de vida de los chilenos.

Aun previendo cierto fastidio por sacar a relucir esos fríos -pero irrefutables- números, vale la pena mirar lo logrado en esos tan vilipendiados últimos treinta años.

El ingreso que recibe en promedio cada uno de los habitantes del país se ha triplicado en estas tres décadas. Eso explica que la clase media, que en los años 90alcanzabaapenas un 27% de la población, hoy represente un porcentaje mayoritario de nuestra sociedad (65%). Ello ha llevado aparejado un creciente acceso a bienes y servicios antes disponibles solo para grupos privilegiados; por ejemplo, apenas 9 de cada 100 habitantes contaba con un automóvil en 1990, lo que subió a 27 el 2015; mientras que los hogares con lavadora aumentaron de 42% a 87% en igual periodo.

Pero antes que alguien pueda sugerir que solo se trata de bienes de consumo, me adelanto con lo que, sin duda, es lo esencial y que dice relación con la justicia social que viene aparejada al mayor crecimiento económico.

En primer lugar, la pobreza en Chile cayó, de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de 68% el año 1990 a 11,7% el 2015. Un logro impresionante en el cual sin duda hay que perseverar.

En cuanto a la desigualdad los resultados también son sorprendentes: el coeficiente de Gini, clásico indicador para medir la desigualdad de ingresos (donde 0 representa una población totalmente igualitaria y 1 una totalmente desigual) registra una reducción desde 0,52 en 1990 a 0,48 en 2015, lo que no es menor. Mediciones alternativas, como la estimación de Palma (razón del ingreso del 10% más alto sobre el ingreso del 40% más bajo) también da cuenta de una importante disminución, de 3,6 a 2,8 en igual periodo. Estas bajas, al ser un promedio, no reflejan las mejoras sustanciales que se revelan al analizar la desigualdad por cohortes (las generaciones más jóvenes son menos desiguales), lo que con el tiempo se verá reflejado también en el promedio nacional. Lo anterior se explica en buena parte por el mayor acceso a educación, puesto que entre 1990 y 2015 los años promedio de escolaridad aumentaron de 8,6 a 11 años y la cobertura de educación superior creció de 15,6% a 53,1% en igual período. Ciertamente, los proyectos educativos privados han contribuido a ello.

Por último, Chile es el país dentro de Latinoamérica que ha presentado la mayor transformación social ascendente. En efecto, un estudio del Banco Mundial muestra que aproximadamente el 61% de los chilenos mejoró su condición entre 1995 y 2010(y el resto lo ha mantenido).

Frente a esta evidencia, cuesta comprender que se vuelva sobre la misma retórica; aquella que desconoce las bondades del sistema de mercado y que quiere repetir las fallidas recetas del Estado planificador, empresario y benefactor. Pero la sorpresa es mayor a la luz de los resultados obtenidos bajo el gobierno de la Nueva Mayoría, un ensayo fracasado por donde se le mire. Los datos nuevamente son elocuentes: la tasa de crecimiento cayó bajo el 2% anual, la inversión ha caído por 4 años consecutivos y se dejaron de crear empleos de calidad. Las bulladas reformas, responsables en buena parte de estos magros resultados, enfrentan un rechazo mayoritario y eso que aún no se sienten sus efectos en plenitud. Huelgas, informalidad laboral, falta de certeza jurídica para realizar negocios, violencia y terrorismo, listas de espera para atenciones de salude incerteza en la admisión a los colegios, dan cuenta que entre las promesas y la realidad hay un gran trecho. Y como si ello fuera poco, hemos constatado (al igual que las agencias extranjeras que nos bajaron la clasificación de riesgo soberano)un deterioro fiscal importante, con un sostenido déficit fiscal y una deuda pública que se ha duplicado.

A solo cuatro semanas de la elección presidencial, bien vale la pena preguntarse qué le conviene realmente a la gente y si ello coincide con las propuestas de las candidaturas. Los que abogan por reformulaciones profundas harían bien en mostrar algún logro que se asemeje al descrito; de lo contrario, solo estaremos virando en la ya conocida dirección equivocada. En este caso, lamentablemente, no todos los caminos llegan a Roma.

 

 Columna de Susana Jiménez, Subdirectora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-