El cuento del relato

Lo que importó en Alemania, y ahora importa en Chile, es la garantía y experiencia de la capacidad probada de gestionar un buen gobierno.

Para muchos analistas políticos lo importante en la campaña presidencial es la "narrativa". La narrativa sería el relato, el metamensaje de los presidenciables. De ello dependería ganar la elección y ceñirse la banda presidencial. Se afirma que así ocurrió en las anteriores elecciones en Chile y en el resto del mundo. Aunque así fuera, la realidad ha cambiado.

¿Narrativa? ¿Relato? Los intelectuales franceses han elaborado sesudos raciocinios sobre el relato y su importancia. A pesar de confusas elucubraciones, la narrativa son los cuentos de los candidatos. En eso los políticos son magistrales. Se trataría de imaginativos mensajes sobre sus vidas y promesas.

Sus promesas, ante tanto desprestigio, han pasado elípticamente a denominarse programas. Los elaboran técnicos, publicistas y, más que políticos, operadores. Muchos de ellos pretenden ser ministros y ocupar altos cargos de la administración pública. Habrá decepciones y decepcionados. El ejercicio de esas responsabilidades es más exigente de lo que suponen los aspirantes, la repartición de los cargos es compleja, pocas veces por méritos y la disponibilidad sobrepasa infinitamente a los postulantes.

El cumplimiento de las promesas es más complicado. Allí prima el escepticismo. Están de por medio la demagogia, el populismo, la inviabilidad técnica y política de las promesas y la brecha entre la capacidad de realizarlas y el desempeño presidencial.

Es probable que en esta elección haya perdido importancia la épica, que antes favoreció a los Presidentes Aylwin, Lagos, Frei y Bachelet. Sus historias y trayectorias pudieron ser determinantes para su éxito. También contribuyeron las imágenes de bonhomía, el índice acusador, la calidez y el blindado en que apareció uno de los candidatos.

Entonces prevalecía la moderación por encima del ideologismo. Lo que no ocurre en esta elección. De allí la incertidumbre e inquietud sobre el futuro del país por las divisiones y experimentos de cambios radicales.

Angela Merkel en su reelección no tuvo que recurrir a narrativa alguna, ni especialmente a promesas. Tampoco en su primera elección criticó la gestión de sus predecesores. Su programa fue de estabilización y sin experimentos. Su narrativa no fue su interesante pasado en la República Democrática Alemana ni su extraordinaria carrera en la política germana. Participó en apenas uno o dos debates.

Más que narrativas, cuentos, promesas y debates, lo que importó en Alemania, y ahora importa en Chile, es la garantía y experiencia de la capacidad probada de gestionar un buen gobierno.

La prolongación por más de 100 días de la huelga de hambre que mantienen cuatro comuneros acusados de incendiar una iglesia en Padre Las Casas consiguió doblar la mano del Gobierno, querellante en la causa, el cual durante la semana solicitó al tribunal la sustitución de la prisión preventiva por una medida cautelar menos intensa, lo cual fue rechazado por el juzgado. La fiscalía se opuso a la solicitud gubernamental, en especial debido a que, también esta semana, la justicia ordenó revelar la identidad de algunos de los testigos protegidos en el proceso. Sin embargo, anoche el ministro del Interior anunció que insistirá para lograr modificar la prisión preventiva de los comuneros, y que pedirá recalificar los delitos que se les imputan, y así no aplicar la Ley Antiterrorista. El ministro ha señalado que la sustitución de la prisión permite garantizar tanto el Estado de Derecho como la vida de los comuneros en huelga de hambre.

Durante la semana el Gobierno resolvió transponer este conflicto a la agenda legislativa, reactivando, con "las debidas urgencias", la tramitación del proyecto de ley que sustituye la actual ley antiterrorista y que ha sido objeto de diversas y sustantivas indicaciones, que actualmente se encuentran en discusión en el Senado. Mediante el uso de urgencias, el Ejecutivo pretende que el proyecto sea despachado dentro de algunas semanas. En el mismo plano legislativo, el ministro del Interior realizó un enigmático anuncio relativo a un proyecto de ley para modificar los "requisitos y plazos" de la prisión preventiva, una materia altamente sensible para el funcionamiento del proceso penal.

Con total independencia del mérito de los proyectos en cuestión, parece una muy mala idea precipitar su discusión y despacho para satisfacer en forma inmediata las demandas intensificadas a raíz de un caso puntual. La legislación antiterrorista presenta numerosas complejidades valóricas y técnicas, que van desde la delimitación del concepto de terrorismo hasta el establecimiento de medidas extraordinarias para la investigación y enjuiciamiento de los hechos calificados como terroristas. Sobre gran parte de estos aspectos existe además escaso acuerdo entre los expertos y el disenso es aún mayor si se tiene en cuenta que para muchos ni siquiera se justifica una legislación antiterrorista, o sostienen que, cuando más, habría que contar con una regulación procesal especial, pero común a todos los casos de criminalidad organizada. La ley solo debería garantizar que la investigación pueda recurrir, por ejemplo, a los agentes encubiertos, los informantes, las entregas vigiladas de armamentos y explosivos destinados a cometer delitos, y a proveer otras herramientas que actualmente solo se contemplan para la investigación del tráfico de drogas.

Igualmente preocupante sería una nueva intervención apresurada de los preceptos que regulan la prisión preventiva. Aunque nada se sabe sobre su intencionalidad y contenido, el contexto permite presumir que se trataría de establecer plazos máximos de duración a la privación de libertad durante el proceso. Una regla así es de diseño complejo, pues la excesiva duración de los procesos depende no pocas veces de la misma estrategia de la defensa. Como sea, es crucial poner coto a la improvisación legislativa, en estas y otras materias, pues las leyes defectuosas dañan a las personas y afectan negativamente el funcionamiento de las instituciones. 

 

Columna de Hernán Felipe Errázuriz, Consejero de Libertad y Desarrollo, en El Mercurio.-