En 2016 el gobierno central destinó US$ 11.710 millones al pago de remuneraciones de los funcionarios públicos. El ritmo de incremento de este gasto ha ido de la mano no solo de altos reajustes salariales, sino además de un aumento sostenido del personal contratado en el sector público. En efecto, considerando solo personal de planta y contrata del gobierno central, se observa un incremento de casi 40% en los últimos 10 años, alcanzando 237 mil personas al año 2015.

Pero son los últimos acontecimientos los que han volcado mayormente la atención sobre los funcionarios públicos. A nadie dejó indiferente el que todos los servicios públicos evaluados durante el año 2016 alcanzaran sus metas, lo que permitió a sus funcionarios obtener la totalidad del bono por cumplimiento. Ello no solo da cuenta de un dudoso sistema de incentivos -que más parece un sueldo asegurado- sino que además confirma una situación de injustificada ventaja respecto de los asalariados privados, al acceder a mejores condiciones y menores  exigencias.

Hay estudios que calculan que la brecha salarial entre asalariados del sector privado y sector público supera el 30% a favor de este último. A ello se suma que los empleados públicos de planta están sujetos a una relativa inamovilidad, ya que si se configura una causal de término de su relacion estatutaria, ésta debe acreditarse mediante sumario administrativo, lo que no solo suele no aplicarse, sino que tampoco deriva necesariamente en el despido del trabajador. Por último, la fiscalización parece ser bastante más laxa, a menos que alguien pueda justificar que el nivel de ausentismo en el sector público más que duplique los niveles a nivel nacional.

Desde el año 2015 el gobierno se encuentra ejecutando un plan de traspaso de personal a honorarios que ahora quedarían a contrata, lo que totalizaría 14.000 cupos terminando el 2017 (solo este año serán más de 8.000). Aunque el compromiso era mantener la remuneración bruta mensual inalterada, ya comenzaron las presiones de los trabajadores que aspiran a traspasar al Fisco el costo del pago de su seguridad social.

Por su parte, el aparato estatal ha continuado aumentando las contrataciones. Casi el 80% de los empleos asalariados creados en los últimos 12 meses corresponden a empleos en el sector público, lo que ha mantenido convenientemente a raya la tasa de desempleo. Llama a su vez la atención que el gasto en personal del gobierno central aumentara un preocupante 17,9% real en julio.

Incrementar los cargos públicos, dejando amarrada a la administración entrante, huele a captura, con intenciones bastante evidentes en un año electoral. El Estado no puede ser un botín para contratar amigos y repartir los recursos que aportan los millones de contribuyentes bajo la creencia de que serán bien utilizados. Tampoco es justo que por el mal manejo de algunos se estigmatice a buenos funcionarios.

Urge, por tanto, poner freno a esta situación y modernizar de una vez la administración del personal del sector público. Eso pasa por normalizar las contrataciones (con restricciones especiales para el último año de gobierno) y racionalizar el gasto en personal, además de generar incentivos que verdaderamente propendan a un mejor servicio.

Columna de Susana Jiménez, Subdirectora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, publicada en Diario Financiero.-