Las inversiones de Piñera

La delirante acusación contra Sebastián Piñera que le imputaba haber puesto su interés personal por sobre el de Chile porque una de sus empresas invirtió nueve millones de dólares en una pesquera peruana durante el Juicio en la Haya ha ido dando paso a otras críticas relacionadas con su condición de inversionista de alto patrimonio.

La acusación mutó, porque resultaba del todo inverosímil que un ex Presidente que había mostrado una particular dedicación al cargo fuese a sacar una pequeña ventaja de negocios en desmedro de los intereses de Chile. El rechazo a tal posibilidad entre la gente seria de este país, incluyendo al actual Canciller y varios que ocuparon el cargo en el pasado, fue tal, que los autores de la infamia dirigieron sus dardos hacia otra arista.

Algunos derechamente cuestionan que un Presidente pueda tener un alto patrimonio, lo que constituye una discriminación inaceptable. ¿Cuál sería el límite de patrimonio? ¿O sólo serían elegibles los monjes? Otros han manifestado opiniones de sorprendente ligereza y de una lógica del siglo pasado. José Miguel Insulza, por ejemplo, ha dicho que un Presidente no podría tener inversiones fuera del país. ¿Sabrá nuestro fugaz ex Agente ante La Haya que la mayoría de los chilenos tiene inversiones en el extranjero a través de su fondo en la AFP? ¿Se habrá enterado que muchos países en el mundo tienen empresarios o personas de alto patrimonio como presidentes?

Por cierto que las inversiones, en Chile o en el extranjero, de una persona que ejerce la Presidencia de la República deben estar sujetas a ciertas reglas que se hagan cargo de eventuales conflictos de interés. Ya nos referiremos más adelante a ello.

Otros han puesto el acento en el hecho que la empresa Bancard, que hizo la inversión, tiene domicilio en un paraíso tributario. En relación a esto hay que decir que es completamente legal que una empresa tenga domicilio en un paraíso tributario. El nombre viene justamente del hecho que esos países tienen impuestos más bajos, al revés de aquellos que los han subido hasta convertirse en infiernos tributarios. Lo que es importante eso sí, es que una empresa pague todos los impuestos que debe pagar en su país, en este caso Chile. La otra cosa que se objeta a los paraísos tributarios es la opacidad o falta de transparencia que permitirían en relación a sus propietarios, lo que los haría vulnerables al lavado de dinero.

Esas sí son preocupaciones razonables ante la inversión de una empresa que es de propiedad del Presidente de la República.

Pero resulta que cualquiera que tenga un mediano conocimiento de nuestra legislación tributaria y de las normas sobre inversiones en el exterior sabe que en nuestro propio país tenemos la respuesta a esas inquietudes.

Cualquier empresa que invierta en el exterior debe hacerlo de acuerdo al compendio de normas de cambios internacionales del Banco Central de Chile, cuyo capítulo XII regula esa situación. De manera que esta información oficial permite verificar tanto el cumplimiento de obligaciones tributarias en Chile, vale decir que la empresa haya pagado todos los impuestos que corresponden en el país, como también quiénes son los propietarios de la empresa.

Las dos posibles objeciones, pago de todos los impuestos en Chile y transparencia acerca de los propietarios quedan así superadas.

Hay que tener sólo un conocimiento mínimo de estas materias, o la voluntad de averiguar sobre ellas si es que se quiere mirar el caso con honestidad intelectual, para concluir que no cabe objeción por el domicilio de la citada empresa.

Pero esa consideración no se tiene con Piñera. ¿Alguien preguntó por las inversiones en Chile o en el extranjero del ex Presidente Frei cuando ejerció la primera magistratura?

Se me dirá que los estándares en esta materia evolucionan. Exactamente, esa es la cuestión.

Cuando el ex Presidente Piñera realizó estas inversiones no existía legislación en Chile sobre esta materia. Él fue más allá de lo que la legislación exigía y constituyó un fideicomiso con parte de su patrimonio. Algunos políticos de mala memoria se han mostrado sorprendidos y se dicen engañados porque el fideicomiso no incluyó todo su patrimonio. Eso se supo desde el primer día.

Pero la pregunta ahora es: ¿Cuáles son los estándares y exigencias hoy día sobre la materia?

Aparentemente la ley aprobada con posterioridad a la constitución del fideicomiso del ex Presidente no es suficiente ni responde a las exigencias de la ciudadanía. En su discernimiento acerca de su candidatura presidencial Sebastián Piñera debiera considerar esas exigencias.

La guerra de guerrillas, de efecto prolongado que la izquierda ha iniciado contra el más probable Presidente de Chile a contar de marzo del 2018 no se detendrá en consideraciones como las que hemos hecho aquí para evaluar si una conducta es razonable o no. La conducta de la oposición durante el gobierno de Piñera y su terror a perder el usufructo del Estado, permiten anticiparlo.

Sebastián Piñera tiene que decidir cuál va a ser su respuesta a la legítima inquietud que la ciudadanía pueda tener sobre sus conflictos de interés.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, en El Líbero.-