Recientemente los medios de comunicación informaron sobre la decisión del DEMRE de dejar de publicar los promedios de la PSU por colegio, bajo el argumento de que ésta es una prueba que fue diseñada con fines de selección, y que por ello sus resultados no miden el cumplimiento de los objetivos de la Enseñanza Media por parte de los establecimientos.

Esto significa que el DEMRE considera a los apoderados incapaces de ponderar distintos indicadores y sus propias percepciones a la hora de formarse una opinión y decidir respecto a la educación de sus hijos. Sin embargo, dicha información es pública y debiera estar disponible al instante; en lugar de ocultarla, lo que se debiera hacer es precisarla de tal forma de reducir la probabilidad de malinterpretaciones.

Adicionalmente, nos enteramos de que el DEMRE está cobrando a los colegios particulares subvencionados ($ 9 mil) y pagados ($ 22 mil) que no fueron sede de rendición, por la entrega de un informe con los resultados promedio de sus alumnos y la distribución de éstos en percentiles. Si bien este organismo es el encargado de administrar la PSU, es cuestionable que tome unilateralmente la decisión de publicar o no sus resultados, así como de “venderlos” a los establecimientos educacionales.

Es grave que esta decisión se haya tomado sin consultar a nadie, y que no sólo afecte la divulgación de los datos futuros, sino que también se hayan retirado de la página web de dicha entidad los promedios de la PSU por colegio de los últimos años. Vemos con preocupación la poca transparencia respecto al actuar del DEMRE, cuyo financiamiento proviene mayoritariamente de los recursos públicos que se entregan para subsidiar la rendición de la PSU por parte de los alumnos de establecimientos municipales y particulares subvencionados. El año 2015, dichos subsidios alcanzaron los $ 5.400 millones. Los sucesos recién conocidos debieran dar pie a que se le exija al DEMRE una rendición de cuentas y que transparente de una vez por todas sus ingresos, gastos y en general los resultados de su gestión.

Columna de María Paz Arzola, Investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, en Pulso.-