Hace algunas semanas la prensa informó sobre el despliegue del Gobierno para promocionar la gratuidad universitaria que comenzará este año 2016. Ésta, recordemos, favorecerá a los alumnos que provengan de los hogares pertenecientes a los 5 primeros deciles de ingreso y que estén matriculados en alguna de las 30 universidades del país que calificaron para suscribirse a este programa. Pero más allá del impacto en la popularidad del Gobierno que esta iniciativa pueda tener, lo importante es evaluarla en función de si logra cumplir con los objetivos de calidad y equidad que la motivaron.
Así, la gratuidad debe evaluarse, en primer lugar, por su impacto en el acceso a educación superior: ¿permitió ésta que más jóvenes meritorios pudieran acceder a la universidad? ¿Cuántos de los 30 mil jóvenes de primer año que se beneficiarán de la gratuidad habrían entrado de todas formas a la universidad, y cuántos pudieron entrar sólo debido a ésta?
Si bien la información para responder esta pregunta no está aún disponible –al menos para el público-, a la luz de los pocos datos con que contamos, podemos presumir un impacto más bien modesto. Y es que haciendo un ejercicio bastante simple vemos que el año 2016 no habría aumentado el número de alumnos de los 5 primeros deciles ingresando a universidades del CRUCh. Considerando las principales becas de arancel (Bicentenario, Juan Gómez Millas, de Excelencia Académica y Nuevo Milenio) que dependen de la condición socioeconómica, el año 2015 se cuentan 40 mil beneficiarios de primer año en las universidades del CRUCh (que son en lo grueso las favorecidas con gratuidad), de los cuales del orden de 30 mil serían estudiantes pertenecientes a los 5 primeros deciles. En contraste, para el año 2016 los matriculados de primer año que accederán a la gratuidad en dichas universidades según lo informado hasta ahora serán 25 mil.
Es evidente que los beneficiarios reales de primer año están por debajo no sólo de las proyecciones del Gobierno (que eran de 140 mil a principios de mes), sino incluso de quienes se podría inferir cumplirían con los requisitos según lo observado el año 2015. En espera de un análisis más riguroso por parte de quienes tienen el detalle de la información, hasta ahora todo indicaría que el impacto de la gratuidad en términos de mejorar el acceso de quienes se estaban viendo restringidos sería mínimo. Y la razón es bastante obvia, tal como lo hemos venido diciendo todo este tiempo: la principal barrera para acceder a la educación superior no tiene que ver con el pago del arancel, sino con el cumplimiento de requisitos académicos y la necesidad de financiar otros gastos más urgentes e impostergables.
Y un segundo aspecto que habrá que evaluar en el mediano plazo es el impacto de la gratuidad en el desempeño de los alumnos favorecidos por ella: ¿tuvieron éstos éxito en sus estudios? Y simultáneamente: ¿cuál es el impacto en indicadores generales de calidad del sistema, de deserción y de resultados para los egresados? Todo esto debe analizarse en forma conjunta, pues bien podría ocurrir que no haya un deterioro en la calidad agregada del sistema, o en cifras relativas a los resultados de los egresados, pero a costa de ello aumente la tasa de deserción. O al revés, que la tasa de deserción mantuviera su nivel actual, pero a cambio de un deterioro en indicadores relativos al éxito laboral después del egreso.
Así, si bien se entiende que el Gobierno busque rentabilizar el logro que le significó aprobar la gratuidad para el año 2016 –con todas las dificultades que esto revistió-, se debe comenzar hoy mismo a evaluar en forma rigurosa esta iniciativa. A sólo algunos meses del envío de un proyecto de ley de reforma al sistema de educación superior, es imprescindible contar con antecedentes a la luz de la experiencia actual y así alimentar el debate que con seguridad se dará.
COLUMNA DE MARÍA PAZ ARZOLA, INVESTIGADORA DEL PROGRAMA SOCIAL DE LYD, EN VOCES DE LA TERCERA
