El proceso de admisión a las universidades dejó algunas cifras que es útil poner sobre la mesa en el contexto de la gratuidad.
Del total de inscritos para la PSU, hubo 40 mil jóvenes que finalmente no la rindieron. Y de los 250 mil restantes, hubo más de 100 mil que no postularon a ninguna carrera dentro del sistema único de admisión. De los que sí postularon, en tanto, hubo 40 mil que de todas formas no fueron seleccionados en ninguna carrera. Así, se tiene que apenas 35% de quienes se inscribieron inicialmente, fueron seleccionados en alguna universidad suscrita al sistema de admisión vía PSU.
En cuanto a la gratuidad, hace unas semanas el Gobierno calculaba que 140 mil egresados de Enseñanza Media podrían verse beneficiados de ella, pues cumplían con el requisito socioeconómico de pertenecer a los 5 primeros deciles de ingreso del país. Sin embargo, luego de conocerse los resultados del proceso, se llegó a que los beneficiarios de la gratuidad de primer año serían menos de 30 mil. Esto es, apenas 1 de cada 10 alumnos inscritos inicialmente para rendir la PSU.
El mensaje es claro: la principal barrera por la cual los jóvenes no asisten a la educación superior no tiene que ver con razones económicas. En cambio, el problema es mucho más profundo y tiene que ver con el cumplimiento de requisitos académicos, con la dificultad para costear gastos de mantención, el tener que trasladarse de ciudad, y el costo alternativo que significa trabajar a cambio de una remuneración para cubrir otros gastos.
Es iluso pensar que financiando los aranceles con gasto público se resolverá el problema de acceso a la educación superior. Ésta es por naturaleza selectiva, y por ello, para apoyar a los sectores más desaventajados, lo que se debió hacer es invertir estos recursos en los niveles educativos previos, donde todavía es tiempo de cerrar las brechas que los limitan. Es lamentable que el Gobierno optara por una iniciativa como la gratuidad, que no sólo es cara en términos absolutos, sino que es injusta y poco efectiva, en la medida que distrae recursos para apoyar a quienes tienen urgencias mucho más graves y que ni aunque el Estado les pague el arancel, podrán llegar y mantenerse en la educación superior. La cruda verdad.
Columna de María Paz Arzola, Investigadora del Programa Social de LyD, publicada en Diarios Regionales.-
