Han transcurrido exactamente 13 meses desde el ingreso del proyecto de reforma laboral y hasta ahora aún no existe acuerdo en sus puntos fundamentales.

El proyecto estrella del Ejecutivo en materia laboral ha sufrido una serie de reveses con tiras y afloja dentro de la misma Nueva Mayoría. Algunos sectores de izquierda apuestan sus fichas por extremar sus contenidos hacia huelgas efectivas y absolutas, así como inducir a una sindicalización forzosa mediante la entrega de la llave de la extensión de beneficios a las organizaciones sindicales. Por otra parte, sectores más moderados, liderados hoy por algunos senadores de la Democracia Cristiana, apuntan a su moderación mediante posibilidades de reemplazo interno y fórmulas equilibradas de extensión de beneficios.

Pese a las negociaciones que han intentado llevar los titulares de Hacienda y Trabajo, aún no es posible alcanzar un acuerdo en los tres nudos centrales de la reforma: adecuaciones necesarias de funciones de trabajadores durante la huelga, mecanismos de extensión de beneficios y obligatoriedad de negociar colectivamente con sindicatos interempresas a nivel empresa.

Resulta al menos curioso cómo se ha presionado por pasar a un sistema en que el sindicato adquiere supraderechos que se imponen por sobre el de los mismos representados, sin que esto genere suficiente ruido. Los sindicatos deben existir porque los trabajadores optan por este tipo de organización y no porque una ley lo imponga. El tema de la extensión de beneficios es clave, pues el hecho de que exista extensión automática a nuevos afiliados y veto sindical para extender a los no afiliados es sin duda la principal norma antiempleo que tiene este proyecto, pues es un claro desincentivo a la contratación de nuevos trabajadores, a superar condiciones laborales de informalidad y al aumento de remuneraciones.

Asimismo, la intención de proscribir todo tipo de reemplazo, incluso interno, parece un despropósito que en nada contribuye a generar equilibrio en la negociación, sino que solo lleva a imponer voluntades a empleadores, independientemente de su tamaño, mediante condiciones laborales que no siempre serán soportadas sin afectar el crecimiento de las empresas, la contratación o mantención de trabajadores y los derechos de consumidores que no tiene arte ni parte en el conflicto colectivo.

Llama la atención cómo nadie quiere hacerse cargo de un monstruo creado tanto por el programa de Bachelet como por las presiones –a veces desmedidas– de la CUT sobre visiones conflictivas y anacrónicas del mundo del trabajo. Lo cierto es que llegó el momento de que el Gobierno asuma con responsabilidad el tema y conduzca políticamente esta reforma hacia equilibrios deseados, donde se asegure una libertad sindical tanto positiva como negativa armónica con el derecho del empleador a ejercer su actividad económica, todo lo cual solo será posible de alcanzar mediante una reformulación de la reforma laboral, que por algo se niega a salir del Congreso.

Columna de Sergio Morales, Abogado del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, publicada en El Mostrador Mercados.-