Colusión

"No es de la benevolencia del carnicero, cervecero o panadero de donde obtendremos nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses".

La célebre frase de Adam Smith en “La Riqueza de las Naciones” (el mejor libro sobre economía que yo haya leído) se ha usado para caracterizar su concepto de la “mano invisible”. Ésta estaría presente en un mercado competitivo, ocasionando la paradoja de que aun cuando cada productor busque su beneficio individual, termine favoreciendo a los consumidores que obtendrían los bienes de mejor calidad al menor precio.

Pero esta mano invisible tiene un requisito fundamental para que funcione, y ese es que el mercado sea competitivo. Si no hay libre entrada de competidores, los precios que se cobrarán serán mayores por el poder de mercado que tienen los productores. La mano invisible se transformaría en una mano torcida que altera el buen funcionamiento del mercado.

Y esto último es lo que ha sucedido en el caso del papel tissue, según nos hemos enterado. Ello es condenable porque lleva a que los consumidores tengan que pagar más caro por el producto que el precio al que accederían cuando hay libre competencia.

Estamos frente a una traba al funcionamiento del libre mercado y no ante una consecuencia del funcionamiento de éste. Pero la consigna antisistema, básica como lo es,  no es capaz de ver eso.

Por ello es fundamental que en una economía libre haya una institucionalidad que se preocupe de resguardar la libre competencia, como el propio Adam Smith lo advertía.

Es sano, a mi juicio, cierto escepticismo que trasunta la frase del célebre economista escocés que citamos. Lo cierto es que cualquier empresario trata de crear en su mercado una ventaja competitiva, un atributo de su producto que otros no puedan imitar. Pero hay formas lícitas de hacerlo y otras ilícitas.

Es lícita la innovación, por ejemplo, que lleva a que al menos por un tiempo un productor sea cuasi-monopólico en el mercado del producto que vende. No es lícito sin embargo establecer barreras a la entrada para prolongar esa situación más allá de lo que se demore un competidor en replicar las características del producto. La misma innovación se encargará de mantener competitivo ese mercado en ausencia de interferencias como lo son los comportamientos anticompetitivos tales como acuerdos de precios y colusión.

Hay ciertas características de los bienes (baja elasticidad al precio por ejemplo) que pueden facilitar los comportamientos anticompetitivos. También sucede con ciertas características de los mercados (pocos consumidores) y con la combinación de atributos del producto y el mercado (costos de transporte). Por eso la labor de defensa de la libre competencia es una tarea sofisticada que debe quedar entregada a profesionales muy competentes y muy independientes.

Eso es lo que está sucediendo en Chile en los últimos años. Nuestra institucionalidad ha sido capaz de detectar varios casos de colusión y la delación compensada parece ser una herramienta común en estos hallazgos.

Sin embargo con esa peculiar lógica que tiene nuestra opinión pública, la primera reacción es que hay que cambiar las leyes, las mismas que han permitido descubrir la colusión. Y claro, la sanción penal aparece como la gran solución.

Pero ojo, la sanción penal no conversa fácilmente con la delación compensada. Nadie se autodenunciará si va a terminar en la cárcel, de modo que una tramitación chapucera de una norma en ese sentido, este gobierno tiene un magister en eso, puede echar por la borda todo lo avanzado en materia de colusión gracias al buen funcionamiento de nuestra institucionalidad.

Para el escándalo de los guardianes de la moralina, seguirán habiendo comportamientos anticompetitivos en Chile y otras partes del mundo. Lo inteligente entonces es, en lugar de vociferar, perfeccionar la legislación y la institucionalidad en general.

Se entiende la indignación de la ciudadanía ante conductas de empresas que les perjudican. Pero verdaderos líderes debieran conducir esa energía para lograr mejoras sustantivas y permanentes en la competencia en los mercados.

Las empresas chilenas, por su parte, tendrán que mejorar sus estándares de comportamiento corporativo, ojalá por convicciones éticas; pero si no es así, por la simple constatación que en definitiva estas conductas pueden terminar perjudicándolas en lugar de favorecerlas, dada la creciente capacidad fiscalizadora demostrada por nuestra institucionalidad y la sanción social que sigue a estas denuncias.