Anuncio presidencial: El informe, la corrupción y la salida constitucional

Frente a una inusitada expectación, la Presidenta Michelle Bachelet dio cuenta de un conjunto de medidas recogidas del Informe del Consejo Asesor Anticorrupción: más conocido como Informe Engel.

Expectación sólo comparable a la que naturalmente genera una cuenta pública de 21 de mayo, pero que no sólo se explica por la evidente conmoción pública generada por los escándalos en materia de financiamiento político, los cuales han estructurado un auténtico guion dramático seguido por la ciudadanía a través de los más diversos medios de comunicación.

Para que el lector dimensione lo anterior, cabe documentar que cerca de 15 mil personas siguieron las audiencias públicas del consejo vía streaming. A lo anterior, también se sumaba la evidente contradicción de no "transparentar" el informe del Consejo Asesor por la Transparencia, hasta que la Presidenta no decidiera las medidas concretas a anunciar. Esto, por supuesto, también elevó el interés por conocer el tan esperado documento que podría abrir la ventana de una habitación política donde hasta el momento sólo primaba el agobio y la asfixia.

En este contexto, Bachelet jugaba su carta decisiva.

Su elocución debía combinar una dosis de simbolismo, pero también de concreción material a través de medidas. En el plano de lo simbólico, la Jefa de Estado no persistió en sus erráticos intentos de mea culpa, entonces, salvo una pequeña mención inicial, el grueso del contenido se ajustó a un estricto decálogo de acciones que permitirían estructurar un pretencioso nuevo ordenamiento jurídico-institucional para la relación entre el dinero y la política, la probidad, los conflictos de interés, la transparencia en los mercados y la ética pública e integridad cívica.

Pero con el conjunto de medidas reactivas a la crisis de confianza, instalada ya también sobre altos personeros del Ejecutivo, no bastaba.

Aquello no era suficiente para romper la inercia de una agenda donde "aristas", "falsificaciones ideológicas", "boletas", "sanciones" y "perdonazos" se han transformado en los trending topic que saturan el léxico político, y que por supuesto, seguirían arrinconando al Ejecutivo. Sólo desde esta perspectiva, se explica el anuncio de apertura de un proceso constituyente.

¿En qué se relaciona en términos efectivos el combate a la corrupción con el cambio de la constitución? En poco y nada. En efecto, se trata de malas prácticas, que como tales no responden a un patrón de diseño constitucional, sino que a disposiciones particulares en la materia. Pero esto no es sólo diseño de políticas públicas, esto es política.

Abrir el proceso constituyente opaca en la escala de maximalismo inclusive a la más intensa regulación en materia de probidad y transparencia. Y esto es lo que el Ejecutivo buscaba. Romper la inercia de la discusión pública para sacarla del fango de las palabras contaminadas por la desesperanza, para abrirlas a un nuevo horizonte ilusorio, donde términos como "cabildos" "soberanía" "pacto social" y "poder constituyente" nutrirán la agenda pública.

La pregunta de fondo es ¿son las constituciones fusibles para renovar compromisos de confianza frente a crisis contingentes? Lo cierto es que el Ejecutivo ya tomó una posición y se trata de una apuesta arriesgada.

Frente a un proceso tibio en intensidad participativa, los sectores más progresistas acusarán de falta de compromiso al Ejecutivo, viceversa, frente a un proceso de tabula rasa, se agudizarán las desconfianzas y el eje discursivo de"evolución constitucional" versus "demolición constitucional" podría hacer sentido en la opinión pública. Esperemos, que en todo este embrollo, no nos olvidemos que acá, había que principalmente solucionar el problema de la transparencia y la probidad.

Columna de Jorge Ramírez, Coordinador del Programa Sociedad y Política, publicada en T13.cl.-