El gobierno de la Presidenta Bachelet ha enviado dos iniciativas al Congreso con el objeto de crear nuevas instituciones estatales de educaciĆ³n superior. La primera de ellas busca crear universidades estatales en las regiones de OāHiggins y de AysĆ©n, mientras que la segunda, quince nuevos centros de formaciĆ³n tĆ©cnica (CFT) en regiones. Al analizar estos proyectos con detenciĆ³n, es posible percatarse de que ambos cuentan con un importante factor en comĆŗn: dejan el grueso de la normativa relacionada a su creaciĆ³n, organizaciĆ³n y funcionamiento al arbitrio de la Presidencia de la RepĆŗblica y a reglamentos del Ministerio de EducaciĆ³n, cuestiĆ³n claramente reprochable desde el punto de vista Constitucional y que entrega al Ejecutivo facultades que pertenecen a otro poder del Estado.
Sin hacer un juicio de valor acerca del mĆ©rito de las mencionadas iniciativas, vemos con preocupaciĆ³n que tanto el proyecto que crea los 15 nuevos CFT -cuya votaciĆ³n se realizarĆ” esta semana en la ComisiĆ³n de EducaciĆ³n de la CĆ”mara-, como el que crea las nuevas universidades, sĆ³lo contienen normas enunciativas, de carĆ”cter general y con escaso contenido, dejando como ya se dijo, en manos del Gobierno, la determinaciĆ³n y regulaciĆ³n prĆ”cticamente total de estos nuevos organismos. Un ejemplo claro de esto es la facultad que se otorga al Ministerio de EducaciĆ³n para dictar un reglamento que determine las āmaterias de carĆ”cter transversalā para el adecuado funcionamiento de los nuevos CFT. La amplitud y vaguedad de este tipo de normas resultan a lo menos cuestionable.
Por otra parte, y teniendo presente la calidad de instituciones estatales que estos organismos de educaciĆ³n tendrĆ”n, cabe hacer presente que nuestra ConstituciĆ³n establece que sĆ³lo una norma de rango legal puede ācrear nuevos servicios pĆŗblicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autĆ³nomos o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribucionesā. Los proyectos en comento no sĆ³lo no cumplen con este estĆ”ndar, sino que alguna de sus disposiciones atentan directamente contra Ć©l, como la facultad que se entrega al Gobierno de establecer āel procedimiento para reformar los estatutosā de estos organismos. Esta facultad es muy delicada, por cuanto dichos estatutos siempre deben ser fijados por ley y, en este caso, se estarĆa habilitando al Gobierno para modificarlos a travĆ©s de la ejecuciĆ³n de una potestad normativa de categorĆa inferior a la legal, es decir, sin que Ć©stos tengan que pasar por el Congreso.
Esperamos que durante la tramitaciĆ³n de estos proyectos los parlamentarios defiendan la parte del poder del Estado que les corresponde como legislativo, haciĆ©ndole saber al Gobierno que, independientemente de los acotados plazos que manejan para dar cumplimiento al sin nĆŗmero de compromisos que han adquirido con la ciudadanĆa, no es aceptable que intenten transformar los proyectos en verdaderos cheques en blanco que podrĆ”n rellenar despuĆ©s a su manera.
Columna de Jorge AvilĆ©s, abogado del Programa Legislativo deĀ Libertad y Desarrollo, publicada en Chile B.-Ā
