Los tres indicadores dados a conocer a partir de la Casen demuestran que Chile está ganando la larga guerra contra la pobreza. Ha llamado la atención la tardanza y la parquedad de la autoridad en difundir la buena noticia. Hay en ello, sin duda, mezquindad política, ya que los avances fueron especialmente notables durante el gobierno del ex Presidente Piñera. Pero hay también una razón ideológica: lo prioritario, dicen desde el Gobierno, sería hoy combatir la alta y persistente desigualdad.

Que según la definición tradicional la pobreza haya disminuido desde 39% a 8% en poco más de dos décadas, o que ella se haya reducido aceleradamente en el pasado gobierno, en mi opinión, arroja un rotundo mentís a quienes han denostado nuestro modelo económico y social por su supuesta incapacidad para generar mayor equidad. La pobreza es la forma más lacerante de desigualdad, porque, al privar a las personas de lo más básico, ofende su dignidad. ¿Acaso no son macizos avances contra la desigualdad la disminución del hacinamiento en las viviendas, el acceso a la educación superior, la disponibilidad de artículos antes exclusivos de las clases medias, como automóviles, teléfono y electrodomésticos, incluso entre los ahora considerados pobres?

Tal vez la extrema desigualdad de ingresos pueda causar conflicto social e inseguridad. Es preocupante la gran disparidad de rentas existente en Chile, porque refleja una falta de oportunidades y de competencia que es injusta y causa desperdicio de talentos. Pero no se sigue de ello que debamos transformar el cuestionable coeficiente Gini u otra medida de las diferencias de ingresos en el indicador clave del desempeño de nuestras políticas sociales.

Las nuevas mediciones oficiales revelan que, pese a lo avanzado, aún hay mucha pobreza a nuestro alrededor (14% o 20%, según el indicador que se emplee). Para superarla necesitamos una economía dinámica como la de 2010-13, en la que surgen emprendedores, se levantan inversiones, se crea trabajo, suben los ingresos y hay más recaudación fiscal para solventar adecuados programas sociales. Priorizar la igualdad conduce a políticas tributarias y regulatorias contraindicadas para el crecimiento. Puede que hayamos avanzado mucho en acortar las diferencias de ingresos, pero una economía dinámica al menos ofrece a todos, pobres y ricos, tangibles mejorías y buenas expectativas. Probablemente nada provoque más frustración social que la combinación de estancamiento económico y persistente desigualdad a la que parece condenarnos el gobierno de la Nueva Mayoría.

Para quienes hemos participado en la construcción y defensa de nuestro modelo económico y social, los resultados de la Casen son motivo de profunda satisfacción. La centroderecha, tan golpeada últimamente, pero cuyas ideas y cuyo gobierno han probado su eficacia, debe sacar la voz por los más pobres.

Columna de Juan Andrés Fontaine, Consejero de LyD, publicada en El Mercurio.-