Reproducimos la columna de la investigadora del Programa Social de LyD, María Paz Arzola, en VOCES.

Durante las últimas semanas hemos sido testigos de una aparente división al interior del Colegio de Profesores, debido a que una parte importante de sus miembros se encuentran en paro al no sentirse representados por el presidente de esta entidad en las conversaciones con el  Ministerio de Educación (Mineduc). Los profesores están exigiendo una mayor participación en la toma de decisiones, así como en la discusión del proyecto de Carrera Docente, cuyo envío el gobierno fijó para enero próximo (según los recientes anuncios de la Presidenta Bachelet).

A raíz del comentado viaje de políticos chilenos a Finlandia, los profesores han rescatado una decisión esencial adoptada en su momento en ese país: la necesidad de despolitizar la discusión educacional y velar por el verdadero mejoramiento de ésta, haciéndolos a ellos -los docentes- partícipes del proceso.

Lo anterior es clave. Tal como muestra la evidencia de los mejores sistemas educativos del mundo, son los profesores y directores los principales agentes si se quiere llevar a cabo una transformación del sistema escolar. Quienes mejor conocen el día a día de las salas de clases son justamente ellos. Es necesario, por lo tanto, que se les dé el espacio y la libertad para que puedan preparar bien sus clases, decidir los contenidos de acuerdo a su proyecto educativo y a la realidad de su establecimiento, y contar con los recursos que requiere esta labor.

Ahora bien, no nos olvidemos de que el fin último es el aprendizaje de los alumnos. Lo anterior debe circunscribirse en un marco institucional que entregue los incentivos correctos para impulsar el mejoramiento de la calidad de la educación, que reconozca a aquellos docentes que logran destacar por sobre el resto, y que logre atraer a esta profesión a las personas más capacitadas y comprometidas, premiando las conductas y prácticas que vayan demostrando ser efectivas.

Para ello debemos avanzar hacia un mayor nivel de exigencia de los programas que imparten Pedagogía, y ofrecer además mejores salarios desde el comienzo (al nivel de profesiones comparables), vinculando más las remuneraciones con la contribución del docente al aprendizaje de sus estudiantes. De esta forma se daría no sólo una señal de la relevancia social que tiene esta profesión, sino también se incentivaría la participación de las personas más competentes. Como contrapartida, se requiere también flexibilizar el mecanismo de recambio de los docentes en ejercicio que muestren recurrentemente un desempeño deficiente en la sala de clases.

Estas decisiones, a su vez, no pueden ser definidas centralizadamente, pues así como cada región del país es distinta, también los alumnos de cada establecimiento tienen sus propios tiempos y cualidades, los que jamás serán correctamente determinados desde las oficinas del Ministerio de Educación. Si bien hay ciertos avances que pueden ser consensuados en un proyecto de ley, hay otras decisiones que deben descentralizarse, de manera de empoderar a quiénes están día a día en el proceso educativo.

Los docentes ya son hoy protagonistas, no es necesario que una ley se los recuerde. Por el contrario, lo que se necesita es que se les dé el espacio y los incentivos para el mejoramiento continuo. Esperamos, por eso, que el proyecto de ley que el gobierno envíe en enero no signifique más rigidez en un sector que ya se ha visto perjudicado con este problema, sino que se entreguen las atribuciones a quienes realmente deben tenerlas.