¿ADMINISTRADOR PROVISIONAL O INTERVENTOR PERMANENTE?

A CONTINUACIÓN, REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE MARÍA PAZ ARZOLA, INVESTIGADORA DEL PROGRAMA SOCIAL DE LYD, PUBLICADA EN VOCES DE LA TERCERA.

El Gobierno ingresó su primer proyecto de ley en materia educacional. Éste viene a crear la figura de un administrador provisional nombrado por el Ministerio de Educación (Mineduc), para hacerse cargo de aquellas instituciones de educación superior que “incurran en hechos que pudiesen constituir alguna causal que ponga en riesgo el cumplimiento de los compromisos académicos asumidos, o bien su viabilidad administrativa y/o financiera”1.

En principio apoyamos la necesidad de crear una entidad fiscalizadora independiente del Mineduc, pues hoy sólo existe la facultad sancionatoria para quitar la personalidad jurídica de una institución (tal como ocurrió con la Universidad del Mar). Sin embargo, en vez de sacar adelante la iniciativa que crea la Superintendencia de Educación Superior (con todas las garantías que esto implica) y eventualmente crear la figura acotada de un administrador provisional para casos complejos, lo que en realidad se está haciendo es generar una figura híbrida en que se dan facultades excesivamente amplias y discrecionales al Mineduc.

El proyecto tiene varios problemas, pero me centraré en por qué este pasa a llevar la autonomía universitaria garantizada en la Constitución Política, la que señala “la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”2.

Un ejemplo de lo anterior es que se otorga al MINEDUC, un organismo sin independencia política, y sin contrapeso, la obligación de dar inicio a un período de investigación preliminar cuando “tome conocimiento de hechos que afecten seriamente la viabilidad administrativa y/o financiera de las instituciones de educación superior; o el cumplimiento de compromisos académicos asumidos por aquéllas o que puedan significar infracciones a sus estatutos o escritura social”.

Lo primero que hay que decir es que en derecho público “sólo se puede hacer lo que está expresamente permitido”, y en este caso no se está definiendo de manera específica y detallada en qué casos el Mineduc debe iniciar una investigación. Más bien se le está otorgando un poder desproporcionado y discrecional. Si bien compartimos la necesidad de sancionar y corregir las infracciones que cometan las instituciones de educación superior, es imprescindible que la ley señale de manera específica y detallada cuáles son esas infracciones, cuáles son las sanciones asociadas y que se garantice un debido proceso. Nada de lo anterior se cumple en la propuesta presentada al Congreso.

En segundo lugar, el proyecto es vago e indeterminado, ya que se aclara qué se entiende por “viabilidad administrativa”, ni por “cumplimiento de compromisos académicos” (que más parecen funciones del sistema de acreditación). El proyecto en su estado actual incluso puede ser interpretado como que el MINEDUC deba iniciar una investigación en respuesta a la insatisfacción de un egresado que no encuentra trabajo, lo cual parece absolutamente desproporcionado.

Así, con este proyecto el Mineduc no sólo podría abrir una investigación bajo cualquier excusa, sino que también se expone a ser acusado de no cumplimiento de sus funciones (y tener otro Ministro de Educación destituido, ahora con razón). En la práctica podría ocurrir que el Mineduc inicie una suerte de “intervención por sospecha” con tal de cumplir lo que mandate la ley y evitarse problemas.

Otro inconveniente en este sentido, es que el proyecto concentra en el Mineduc las facultades para denunciar, investigar y luego determinar las medidas que las instituciones deben adoptar. Así, lo convierte en juez y parte (investiga y aplica medidas), sin dejar espacios para que el interesado pueda defenderse debidamente. Incluso mediante la posibilidad de prorrogar la acción del administrador provisional, deja espacio para que la intervención estatal sea de carácter permanente.

Estos son tan sólo algunos de los defectos del primer proyecto de ley en materia educacional presentado por el Gobierno, que está lejos de entregar herramientas reales para mejorar la educación superior en Chile. Insisto: coincido en la necesidad de llenar un vacío legal existente. Sin embargo, creo que éste debe solucionarse a través de una Superintendencia y a través de las funciones del sistema de acreditación.Hay que tener una mirada integral de la materia y no sacrificar aspectos valiosos de nuestro sistema educacional, como la autonomía y libertad de enseñanza.

 Boletín 9333-04, Antecedentes, p.3.

 Artículo 19 N°11.