AFP ESTATAL ¿PROBLEMA O SOLUCIÓN?

REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE SERGIO MORALES, INVESTIGADOR DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DE LYD, PUBLICADA EN LA SEGUNDA.

Uno de los tantos anuncios que forman parte de las 50 medidas de la Presidenta Bachelet para los primeros 100 días es el envío del proyecto de ley que crea una AFP estatal.

A nivel comunicacional se ha intentado instalar la idea que esta medida es la gran solución a la incertidumbre de los cotizantes respecto de su pensión futura. Sin lugar a dudas, nos encontramos frente a una mala política que no contribuye de manera eficiente a solucionar el descontento de los trabajadores en materia previsional.

Una AFP estatal, según palabras de Mario Marcel, Presidente de la Comisión para la reforma de pensiones de 2006, sólo tiene justificación cuando lo que se pretende es llegar a segmentos de la población que bajo el régimen vigente no se han podido incorporar como fue el caso de los trabajadores independientes, los cuales gracias a la última reforma al sistema se verán obligados a cotizar a contar del año 2015. Por lo anterior, esta medida no se justifica de modo alguno, más considerando que en la última licitación de nuevos afiliados la adjudicación la obtuvo la AFP Planvital la cual ofrece una comisión de apenas 0,47% de la remuneración o renta imponible, lo que en definitiva posicionará a Chile con comisiones promedio anual que podría alcanzar el 0,2%, cifra muy por debajo de la de Estados Unidos con respecto de los planes grupales de ahorro colectivo que alcanza el 0,9%.

Una AFP estatal, más que beneficios, genera muchas dudas y temores en materia de gobierno corporativo respecto del carácter técnico o político del directorio, competencia desleal, posible conflicto de interés en materia de inversión de los fondos de los afiliados en instrumentos de deuda pública y en materia de fiscalización por parte de la Superintendencia de Pensiones.

Así las cosas, más que un remedio al sistema la incorporación de esta empresa pública puede ser entendida como un problema, pues sólo implicará destinación de fondos públicos a un ente que en poco o tal vez nada, contribuirá a atacar los actuales problemas en materia de pensiones, los cuales debieran apuntar a educación previsional, la revisión de las edades mínimas de jubilación, el posible aumento de las tasas de contribución mensual, la promoción de los ahorros previsionales mensuales y la cuenta de ahorro voluntario, todo lo cual contribuya en definitivas cuentas a equiparar de la mejor manera posible el promedio de remuneraciones con la tasa de reemplazo esperada al momento de jubilar.