A CONTINUACIÓN, REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE JOSÉ FRANCISCO GARCÍA, COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LYD, PUBLICADA HOY EN EL MERCURIO.
El próximo sábado 1 de marzo, el Presidente de la Corte Suprema, ministro Sergio Muñoz, junto con entregar una cuenta pública respecto de la labor del Poder Judicial durante 2013, inaugurará el año judicial 2014, estableciendo la hoja de ruta de lo que será su mandato por los próximos dos años. Más allá de una importante agenda de reformas sectoriales que deberá enfrentar durante su mandato, o los altos niveles de ingresos de causas a tribunales –y las pendientes–, comienza su presidencia con una escasa confianza de los chilenos en el Poder Judicial, lo que, como sostendré, es posible de intentar revertir mediante una modernización sustantiva de éste que no depende de grandes cambios legales.
Si bien he sido públicamente muy crítico de algunos fallos recientes del ministro Muñoz, tanto redactando la sentencia para la mayoría como en votos disidentes particulares –como queda de manifiesto en un reciente libro de mi coautoría Activismo Judicial en Chile– debo reconocer que he conocido muy pocos jueces con tal afán modernizador. En efecto, en buena parte de los avances en modernización y transparencia de los últimos años de la Judicatura, ha jugado un rol fundamental. Con todo, este liderazgo es condición necesaria pero no suficiente, para el desafío que deberá enfrentar.
En efecto, recuperar la confianza de los chilenos no será cosa fácil. En la encuesta CEP de julio 2013, los tribunales de justicia aparecen con un 11% de confianza, sólo superando a los partidos políticos (8%), e incluso siendo superados por el Congreso (12%). Entre varias alternativas, es fácil dar con dos, en pugna, para hacerlo.
La primera, presentando a la Judicatura como una suerte de Robin Hood, un espacio de reforma y transformación social paralelo al proceso político y legislativo, reasignador de recursos y derechos, en ámbitos de gran cobertura mediática como el constitucional (a través de la acción de protección), laboral o del consumo (incluyendo sectores regulados). También podría echarse mano al populismo penal, patología equivalente al hiper-garantismo. Mal camino ante la democracia, el Estado de Derecho y la confianza ciudadana.
La segunda, de más largo aliento y que requiere aunar múltiples voluntades es una modernización sustantiva. Ella tiene que ver con cuestiones micro como macro. En lo micro, por ejemplo, hacer un uso mucho más intensivo de las nuevas tecnologías de información para la litigación en línea (presentación de escritos y algunos documentos probatorios o notificaciones) o la consolidación de los expedientes electrónicos; introducir mayor transparencia (y ojalá competencia) en el ámbito de los receptores judiciales, así como en los diversos cobros asociados al proceso judicial; o, aumentar y simplificar la entrega de información a los ciudadanos sobre sus causas, así como la capacidad de presentar reclamos.
En lo macro, se requieren cambios profundos en la cultura organizacional. Por ejemplo, aumentar dramáticamente los estándares de transparencia y de rendición de cuentas. La absurda propuesta de contar con un Observatorio Judicial estatal nace de una falencia objetiva: la escasa información sobre la labor judicial y los jueces, presentada en forma simple a la ciudadanía. Asimismo, adoptar políticas proactivas de divulgación de información, superando el estándar legal exigido en la materia. También es poco sensato que un grupo importante de jueces siga gestionando recursos de todo tipo o que perduren formas anacrónicas de evaluar el desempeño de jueces y funcionarios, sobre todo cuando es hoy posible avanzar gradualmente en implementar modelos de evaluación por desempeño.
El Presidente Muñoz tiene dos años decisivos, aunque escasos, para sacar al Poder Judicial de una cultura organizacional todavía decimonónica y actualizarla a las formas y al ethos con el que se deben afrontar los desafíos del siglo XXI.
