A CONTINUACIÓN, REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE NATALIA GONZÁLEZ, DIRECTORA DEL PROGRAMA LEGISLATIVO Y CONSTITUCIONAL DE LYD, PUBLICADA HOY EN DIARIO FINANCIERO.
Durante el Gobierno del Presidente Piñera se aprobaron una serie de iniciativas legales pro crecimiento o pro inversión que contribuirán a hacer de Chile un país más próspero. Entre ellas se cuentan la ley que modernizó y fomentó la competencia del sistema financiero, estableciendo la licitación pública de los seguros asociados a créditos hipotecarios; la ley que modificó el incentivo tributario a la inversión privada en I+D; la ley que estableció un régimen simplificado de constitución de sociedades comerciales; la ley que agiliza el procedimiento para otorgar concesiones eléctricas; y la nueva ley de quiebras. Sin embargo, aún se encuentran en tramitación en el Congreso Nacional una serie de iniciativas que no alcanzarán a transformarse en ley antes que concluya la actual Administración y cuyo impulso debiera ser transversal a cualquier gobierno dados los beneficios que ellas reportarán a los consumidores, oferentes de bienes y servicios e inversionistas, contribuyendo asimismo a un mejor funcionamiento de los mercados correspondientes, modernizando la institucionalidad respectiva. En suma se trata de proyectos que se orientan hacia un mayor crecimiento y desarrollo de nuestro país, lo que nos beneficia a todos. Entre otros, pueden citarse el proyecto de ley para promover la inversión; el que impulsa la inversión minera; el que permite la emisión de medios de pago con provisión de fondos por entidades no bancarias; el proyecto que crea la Comisión de Valores y Seguros, el que crea el Consejo de Estabilidad Financiera; el que brinda una nueva institucionalidad al INE y el que moderniza los procedimientos en la Contraloría General de la República, etc.
La nueva Administración que asumirá funciones en marzo, se ha propuesto sacar adelante lo que se conoce como los ejes centrales del futuro mandato; esto es, la reforma tributaria, la reforma educacional y la reforma constitucional. Así las cosas, los énfasis estarán puestos en llevar a término estas reformas, todas de mayor envergadura y estructurales y cuyos detalles aún se desconocen. La duda entonces es con qué grado de importancia y sentido de oportunidad la nueva Administración impulsará una agenda pro crecimiento y pro inversión, y si es que hará suyas algunas de las iniciativas legales antes mencionadas, varias de las cuales han contando con amplio apoyo en el Congreso. Poco se conoce sobre las medidas que se impulsarán en este sentido, más allá de algunas generalidades, cuestión que no resulta muy auspiciosa. Desde ya, la antes referida reforma tributaria, de aprobarse tal y como se ha planteado, atentaría en buena medida contra los fines de lograr mayores tasas inversión y ahorro.
Lo cierto es que sería un grave error obrar bajo la premisa (equivocada) de que en este ámbito se ha avanzado suficiente. También sería un desacierto, si es que acaso no se trabaja bajo esa premisa, relegar estas materias a un segundo orden de importancia tan sólo porque no son clamadas por la “calle”. El mensaje que se debe enviar al país en esta materia debe ser otro: Nos queda camino por recorrer en materia de crecimiento y desarrollo, no podemos dormirnos en los laureles, menos después de haber avanzado tanto, de manera que estas medidas son necesarias y muy importantes para el bienestar de todos.
