A continuación reproducimos la columna de Cecilia Cifuentes, investigadora del Programa Económico de Libertad y Desarrollo, publicada en La Segunda:

Chile tiene un sistema previsional de capitalización individual, bajo el cual los ingresos de la etapa pasiva se construyen con los ahorros que se hacen durante la vida laboral activa. Este esquema es reconocido mundialmente como el único sostenible en el mediano plazo en un contexto de esperanza de vida creciente y de caída en la tasa de crecimiento de la población. Sin embargo, surgen crecientemente críticas al sistema referidas a que no entrega pensiones suficientes a los jubilados, lo que haría recomendable volver al antiguo sistema de reparto. Para dar fuerza a este argumento, se toman casos puntuales de trabajadores que se mantuvieron en ese sistema, sin considerar que se trata de realidades muy particulares, imposibles de extrapolar a toda la población ¿o acaso el antiguo sistema cubría también a trabajadores informales, esporádicos, e independientes por cuenta propia? ¿Daría jubilación a mujeres que han tenido cotizaciones esporádicas y bajas durante su vida laboral? Esto sin considerar lo arbitrario que resultaba la jubilación dependiendo de la caja a la que se pertenecía. Definitivamente, volver al sistema antiguo no resuelve el problema de las bajas jubilaciones, lo agrava, y esto sin considerar el prohibitivo y creciente costo fiscal que tendría. ¿O será que los críticos tienen en mente una expropiación de los fondos a la argentina para luego repartir los recursos a determinados grupos? Sería bueno entonces que se transparentaran las propuestas concretas al respecto.

En el intertanto, los países desarrollados buscan la forma de acercarse a un sistema como el nuestro, que vincule aportes con retiros, basado en el más obvio sentido común. En ese mismo concepto básico se encuentra también la razón de las bajas pensiones que están recibiendo o van a recibir algunos jubilados del sistema; las bajas cotizaciones que han realizado durante gran parte de su vida laboral. Entonces, lo primero y más importante para perfeccionarlo es lograr que los trabajadores coticen, y por el total de su ingreso. En ese aspecto, el actual Gobierno muestra resultados muy superiores a los anteriores: de acuerdo a datos de la Superintendencia de Pensiones, los cotizantes han aumentado en cerca de 255 mil promedio al año, casi cinco veces lo que aumentaron en el Gobierno de Lagos, y más de siete veces el promedio del gobierno de Frei. La situación actual sería distinta si en esos años se hubiera logrado el importante aumento de empleo formal del período reciente. En el Gobierno de Bachelet, los cotizantes aumentaron en promedio en 209 mil al año, lo que se explica en parte por la implementación del bono por hijo a las mujeres, que exigía cotizar en el sistema por un período mínimo. Efectivamente, durante ese gobierno el número de cotizantes aumentó en forma importante entre la segunda mitad de 2008 y los primeros meses de 2009, pero luego cayó a los niveles previos, lo que de todas formas genera un promedio mayor. Se desaprovechó entonces la oportunidad de ligar el beneficio del bono por hijo a una densidad algo mayor de cotizaciones. El bono podría haber sido superior en monto, pero mejor focalizado, en mujeres de ingresos medios y bajos que cotizan efectivamente durante un período superior al requerido.

Entonces, para lograr mejores pensiones a futuro, la reforma principal es una sola: aumentar la densidad de cotizaciones, terminar con los ingresos no imponibles, incentivar el ahorro voluntario y subir la edad de jubilación femenina. El marcado, aunque muy transitorio, aumento en las cotizaciones femeninas luego de la reforma de 2008 es una muestra más que evidente de que los incentivos funcionan. El punto es diseñarlos correctamente.

¿Y qué hacer con el problema actual de bajas pensiones? Primero, el pilar solidario es una gran ayuda en este aspecto, ya que evita situaciones de pobreza en los jubilados. El fondo de reserva de pensiones cuenta con cerca de US$ 6.000 millones, suficientes para cubrir esa necesidad. Respecto del resto de trabajadores de ingresos más altos, la mejor alternativa es incentivar que sigan trabajando y cotizando. Independiente de la situación previsional, el creciente problema demográfico en Chile obliga a pensar en una política laboral para el adulto mayor, probablemente con incentivos a su contratación y con jornadas más flexibles. En un esquema de este tipo pueden salir ganando no sólo los trabajadores, que se mantienen activos y con mejores ingresos, sino que también las empresas y toda la sociedad.