A continuación reproducimos la columna de José Francisco García, Coordinador de Políticas Públicas de LyD, publicada en La Segunda:

En los próximos meses el Gobierno presentará ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que regula el lobby. Si bien se trata de una discusión que lleva prácticamente una década en el país, y que se ha basado principalmente en copiar la excesivamente burocrática legislación norteamericana, ha existido poco debate en torno a las implicancias y desventajas de este modelo.

En el mundo han existido –hasta ahora– dos grandes enfoques para abordar la cuestión del lobby: el norteamericano y el europeo. Si bien en ambos el lobby se considera una actividad legítima, distinta de categorías ilícitas asociadas a la corrupción (como el tráfico de influencias), y que al aportar información detallada y relevante sobre las más diversas actividades contribuye a la toma de decisiones públicas; los instrumentos regulatorios actualmente existentes difieren considerablemente.

En el norteamericano, se define qué es lobby, quienes lobbystas, cuáles son actividades de lobby, registros de lobbystas, sanciones, prohibiciones, etc. – que es el modelo que, por lo demás, es el que prefiere la industria del lobby chilena–. En el europeo, destacando el caso británico, se ha criticado dicho modelo porque puede prestase para establecer barreras de entrada al acceso a las autoridades, pudiendo dar la falsa percepción de que es sólo a través de un lobbysta que es posible acercarse a una autoridad y obtener alguna respuesta. Por ello, se ha utilizado un nivel mínimo de regulación, fuertes medidas pro-transparencia (agendas públicas de todas las autoridades) y normas de auto-regulación a la industria.

Pero hay otras falencias del modelo norteamericano; ahora del lado de la eficacia: requiere de modificaciones permanentes ante los distintos vacíos que van encontrando los expertos –basta decir que se tuvo que regular que son “amigos” ´para efecto de aplicación de las normas de excepción en materia de regalos que pueden recibir las autoridades–; se trata de un modelo burocrático que entrega demasiada discrecionalidad a la autoridad a la hora de solicitar información –algunas veces vinculada a aspectos comerciales sensibles de los agentes participantes, sin que esté necesariamente asociado a la acción de lobby específico; requerimientos de información excesivos que sólo generan costos privados y públicos de administración, sin que tengan utilidad alguna; etc.

Y es que no hay caso; en Chile detectada la necesidad de una regulación, y no existiendo una institucionalidad de análisis de impacto regulatorio, no importan realmente los costos y beneficios de la regulación propuesta. Es de esperar que el proyecto del Ejecutivo proponga un modelo que lo haga.