A continuación reproducimos la columna de Rodrigo Troncoso, Coordinador del Programa Social de LyD, publicada hoy en La Tercera:

Al comparar índices de desigualdad de distintos países, Chile suele aparecer entre los más desiguales. Sin embargo, debemos ser cuidadosos al momento de interpretar estas comparaciones y, más aún, al definir las políticas adecuadas para abordar el tema.

En general, los índices de desigualdad no son comparables entre distintos países. Estos se calculan sobre la base de encuestas, variables y metodologías distintas. En algunos países las encuestas miden ingresos y en otros gastos. Algunas encuestan miden desigualdad entre familias y otras entre personas. Los arriendos imputados se estiman con metodologías distintas. Algunos excluyen a familias con ingresos muy altos o muy bajos. Además, se suele corregir por las economías de escala dentro de los hogares, debido a que las necesidades per cápita caen a medida que aumenta el número de integrantes.

En Chile, el coeficiente Gini de ingresos monetarios es de 53. Si eliminamos las observaciones extremas y corregimos por economías de escala, como se hace en Europa, este coeficiente bajaría a 46. Por su parte, el índice 10/10 de ingresos es de 29 veces. Es decir el decil más rico ganaría 29 veces lo que el decil más pobre. Pero, si éste se calcula sobre la base de gastos, el índice cae a 12.5 veces. Recordemos que es el gasto, y no el ingreso, la variable relevante para evaluar calidad de vida. Además, estas cifras no consideran la mayor parte de la política social redistributiva que existe en Chile.

Es lamentable que se use la desigualdad para justificar la política populista de quitarle más a los ricos para dárselos a los pobres. A un niño, esta fórmula le parecería infalible. Pero, el mundo es más complejo y nos ha mostrado que termina ocurriendo justo lo contrario. Ya sabemos que esta receta ha terminado, sin excepción, con pueblos iguales, pero empobrecidos, y con una pequeña clase dirigente rica y dueña de todo. Una desigualdad exacerbada.

Un acceso más equitativo a la educación, en un sentido amplio, debería reflejarse en menores niveles de desigualdad de ingresos. Sin embargo, sus efectos sólo se podrían manifestar en décadas. En el mediano plazo, la forma más efectiva de reducir la desigualdad de ingresos es aumentando la participación laboral de las familias de menores ingresos. La participación laboral del decil más rico es del 70%, similar a la participación promedio de la OCDE. En cambio, en el decil de menores ingresos ésta es de apenas un 21%.

Si las personas entre 20 y 60 años que no trabajan, no estudian, ni tienen problemas de invalidez, lo hicieran, el índice 10/10 de ingresos monetarios bajaría de 29 a 12 y el Gini caería de 53 a 45. Más efectivo que cualquier política de redistributiva. De hecho, el costo en transferencias ascendería a unos 12 mil millones de dólares anuales, sin considerar costos de administración, mal uso de recursos, desincentivos al trabajo o deterioro al emprendimiento.

Cualquier política que desincentive el empleo perjudica la distribución del ingreso. Políticas como la extensión forzosa del postnatal, masificar las salas cunas en las PYMES, aumentar los impuestos a las empresas o entregar beneficios demasiado generosos a quienes no trabajan, contribuyen a perpetuar la baja participación laboral y, por lo tanto, la desigualdad.