A continuación reproducimos la columna del Coordinador de Políticas Públicas de LyD, José Francisco García, publicada en La Segunda:
No cabe duda alguna que lo más llamativo del acuerdo entre las directivas de RN y la DC “Un Nuevo Régimen Político para Chile”, fue la propuesta de modificación del régimen político desde un presidencialismo reforzado a un semipresidencialismo –sistema que en términos generales podemos caracterizar por la existencia de un Presidente electo popularmente, que es jefe de Estado (con potestades en materias de defensa y relaciones exteriores); y un primer ministro, que es jefe de gobierno y que para ser nombrado debe contar con la confianza de la mayoría de la cámara política–. A pesar de la audacia de la propuesta, quedan abiertas excesivas interrogantes.
En primer lugar, el semipresidencialismo es un modelo híbrido, un camino intermedio entre el presidencialismo y el parlamentarismo, régimen imperante en países europeos como Francia o Portugal, pero principalmente en zonas de África y Asia. La mayor crítica en la literatura especializada es precisamente su carácter dual: puede ser un presidencialismo o un parlamentarismo dependiendo de circunstancias políticas particulares –que van desde el carácter de los dos liderazgos, como también de la mayoría de turno en la cámara política–.
Asimismo, se le atribuye a este modelo la virtud –que sería el gran defecto del presidencialismo según los proponentes– de evitar que una crisis de gobierno se transforme en una crisis política sistémica. Ello es correcto en el parlamentarismo, donde en el extremo, la oposición puede pasar a ser rápidamente gobierno. En el caso del semipresidencialismo, dicho efecto se lograría mediante la disolución de las cámaras, donde curiosamente el llamado es a reforzar el liderazgo del Presidente quien pide apoyo para llevar adelante el proyecto para el cual fue elegido contra la oposición del Congreso.
Por otro lado, tenemos el problema de la cohabitación. El problema no es sólo de potenciales déficits de cooperación o coordinación entre un Presidente y un Premier de distintas coaliciones. Es algo más profundo: la gobernabilidad. Mientras el Presidente electo popularmente tiene un mandato del pueblo de sacar adelante su programa de gobierno; el primer ministro, de oposición, apoyado por una mayoría política distinta a la del Presidente en el Congreso, podría querer hacer lo mismo. Resultado: potencial parálisis institucional. Este efecto se agrava bajo un sistema electoral proporcional, aunque sea “moderado”. Francia nos entrega un buen ejemplo de un Presidente que ha tenido que pasar a convertirse en jefe de la oposición.
Asimismo, quedan abiertas otras dudas relevantes: ¿tendrán iniciativa de gasto los parlamentarios o el Primer Ministro o seguirá estando la iniciativa exclusiva en el Presidente?¿podrán ser miembros del gabinete ministros que son parlamentarios en ejercicio?¿tiene sentido contar con un Senado?
Bajo este contexto, es difícil tomarla aún como una propuesta; más aún, es difícil ver que se trate de una iniciativa que empodera más a la gente y no a la clase política, y que tiene por objeto aumentar la calidad, representatividad y competencia de nuestra democracia, que es realmente lo que más necesita hoy nuestro país.
