De lleno en el cuarto mes de gobierno, aun se escuchan críticas respecto de su instalación. Se menciona que ha estado lleno de errores, debiendo cambiar a personas recientemente nombradas, y que en regiones los cambios han sido lentos, manteniéndose en buena parte las autoridades de antes. Así, cabe preguntarse, ¿se deben estas críticas a las frustradas expectativas de ciertos sectores políticos de no haber aumentado su cuota de poder en determinadas regiones del país? o ¿es una preocupación genuina, en cuanto a que el Estado ha dejado de proveer determinados bienes y servicios a la ciudadanía por falta de estos nombramientos? Parecieran ser válidas en caso que sea lo segundo, pero me pareciera tratarse -lamentablemente- de lo primero.

Ahora bien, ¿qué ha pasado con el proceso de instalación más allá de la casuística y los casos de amplia cobertura periodística?

Al asumir el nuevo gobierno, este debió enfrentar el nombramiento de casi 2.000 funcionarios de exclusiva confianza. Además de los 23 ministros y 33 subsecretarios, debió nombrar cargos en el cuerpo diplomático, Intendentes, Gobernadores, Seremis y Jefes de División de Subsecretarías, entre otros. Estos cargos de exclusiva confianza ascienden a 761. A la fecha, menos del 4% ha tenido inconvenientes en su nombramiento, cifra que está en línea con las mayores exigencias que se ha impuesto desde el gobierno y la ciudadanía en cuanto a los nombramientos.

Los restantes 1.222 cargos, corresponden a aquellos que si bien son de exclusiva confianza deben ser provistos por medio de la Alta Dirección Pública (ADP) luego de un concurso público. 125 cargos corresponden a jefes de servicio y 997 a cargos de II nivel, de dependencia directa de los jefes de servicio.

A la fecha, en estos cargos sólo se han nombrado 10 jefes de servicio y 16 cargos de II nivel. Es decir, de los 1.222 cargos del gobierno central que deben ser provistos mediante el sistema de la ADP, sólo 26 corresponden a funcionarios que han asumido después del 11 de marzo, lo que representa el 2% de los cargos. Se han mantenido en gran medida a las personas que fueron designadas por el gobierno anterior. Ello pudiera ser más notorio aún en regiones, donde los directores regionales de los servicios públicos –y que en gran medida corresponden a cargos que deben ser provistos por la ADP- son una cara visible e importante del Estado.

Fue precisamente la reforma legal de 2016, apoyada por todos los sectores políticos, la que llevó a que la instalación del gobierno en los cargos nombrados por la ADP no sea en forma inmediata al asumir, sino que después de un proceso de evaluación y eventual remoción de los funcionarios en esos cargos, posterior a un concurso. Con todo, la buena noticia es que las críticas al proceso de instalación del nuevo gobierno no tienen que ver con el desarrollo de las tareas que le son propias al Estado, sino más bien al nuevo contexto legal y exigencias propias de una ciudadanía más empoderada.

Columna de Bettina Horst, Subdirectora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-