El proyecto de Nueva Constitución enviado por la Presidenta Bachelet tiene al menos tres problemas:

El primero es de oportunidad. Ha quedado claro que el envío de un proyecto que ha sido anunciado tanto tiempo y respecto del cual se ha hablado tanto por parte del Gobierno sea enviado la última semana de Gobierno. No es responsable pues se propone un cambio total a la Constitución y sin responsabilizarse por ello ni tener capacidad de hacerse cargo en el Congreso de los eventuales inconvenientes.

El segundo problema es de procedimiento. Es cierto que el Gobierno ha orquestado un largo procedimiento partiendo por los encuentros locales, los cabildos provinciales y regionales. Pero no es cierto que de esos encuentros haya nacido este proyecto. Ello pues la discusión en tales instancias fue a nivel de ideas; fue con un nivel de abstracción que no se relaciona en ningún caso con un texto específico de cambio. La redacción entonces fue hecha entre cuatro paredes en La Moneda por un grupo todavía desconocido de personas. No hubo participación de los partidos políticos ni mucho menos de la ciudadanía.

El problema final son los contenidos. El proyecto contiene diversas modificaciones que no es posible analizar ahora. Sin embargo, el aumento indiscriminado de derechos, la judicialización de todos ellos, la eliminación de mecanismos contramayoritarios, la constitucionalización del Estado benefactor que viene en retirada en el mundo, la eliminación de cláusulas constitucionales relevantes para el ejercicio de las libertades y tantas otras modificaciones son un cierto retroceso en los aspectos valiosos de la Constitución actual.