La semana pasada -última semana de gobierno de Michelle Bachelet- el Gobierno ingresó presurosamente al Congreso diversos proyectos de ley, algunos prometidos desde su última campaña presidencial. Entre ellos, en medio de una ley miscelánea que reforma una serie de normas legales en materia educacional (Estatuto Docente, Sistema de Aseguramiento de la Calidad, Ley de Subvenciones, Ley de Sistema de Educación Pública, entre otras) se encuentra una limitación a la forma en que la Agencia de la Calidad de la Educación podrá informar los resultados de las mediciones -entre ellas las del SIMCE-, propuesta que se venía planteando desde el año 2015 y que implica que sólo podrán ser publicadas cifras agregadas de carácter nacional, regional, comunal o por agrupación de comunas, referidas a la totalidad de los establecimientos educacionales para el nivel y el territorio de que se trate.

La Ministra Adriana Delpiano, en su exposición del proyecto ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, señaló que se busca impedir la realización de rankings comparativos entre establecimientos, ya que la información es utilizada como “marketing frente a los padres”.  Contradictoriamente, la ministra al mismo tiempo reconoce que ”los padres de familia tienen derecho a saber cómo le va al colegio de sus hijos”, lo que, en su opinión, se lograría con “tener una media general de la comuna y, por lo tanto, del sostenedor, y el día de mañana, la media del servicio local, y cómo lo hace el sostenedor”.

"Frente a ello, si bien es cierto que los datos son utilizados por los colegios para promoverse por sus buenos resultados, lo que a todas luces es algo positivo, e incentiva a los establecimientos a mejorar, también es una de las pocas fuentes de información objetivas que tienen los padres para comparar entre las distintas instituciones", explica María Trinidad Schelyer, investigadora del Programa Legislativo de LyD.

Los resultados a nivel territorial no son del todo útiles en la toma de decisiones, puesto que encuentran distorsionados. Entonces, ¿cómo podrían elegir un colegio por sobre otro sin tener ninguna base de comparación? El avance del que se jactaba la Ministra de que gracias a las reformas a la educación escolar las familias tendrían ahora las mismas oportunidades de acceder a las mejores instituciones que cualquiera otra (“sin auto excluirse de ellas”), refiriéndose a la ley de inclusión, es tan sólo nominal, ya que no existiría una verdadera libertad de elección, en cuanto sin conocimiento no hay libertad. "Lo mismo sería tener que elegir un cuadro con una venda en los ojos", asegura la abogada.

Por último, sin poder comparar resultados y obtener estándares de referencia, será muy difícil para las instituciones diagnosticar en qué están fallando y determinar la efectividad de las medidas que pudieron haber implementado, y además, se les quitará a los padres la facultad de ser parte de la educación de sus hijos. "En el fondo, con este proyecto de ley lo que se está haciendo es esconder los números y con ello la realidad del mal desempeño de ciertas instituciones -entre ellas, las de educación pública, y privando a los padres de informarse y optar por las mejores instituciones", indica Schleyer.