La implementación de la ley N° 20.920 (ley marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, promulgada en mayo de 2016) traerá consigo un cambio de paradigma en la gestión de residuos en nuestro país al incluir a los productores como actores principales dentro de las tareas de reciclaje y valorización.

El investigador del Programa Económico de Libertad y Desarollo, Jorge Lira, explica que a grandes rasgos esta ley busca que todo residuo potencialmente valorizable sea destinado a tal fin, evitando su eliminación, con lo que se pretende avanzar desde un modelo lineal hacia un modelo de economía circular en la gestión de residuos, siendo la responsabilidad extendida al productor (REP) la principal herramienta para lograr dicho objetivo. "Sin embargo, la forma en la que ésta se implemente asoma como un factor fundamental para su buen funcionamiento a futuro", admite.

La REP corresponde a un régimen especial, conforme al cual los productores de seis productos definidos por la ley como prioritarios son responsables de la organización y financiamiento de la gestión de los residuos que derivan de su comercialización en el país.

Si bien la ley ya fue promulgada, para que se comience a implementar la REP se requieren elaborar los decretos supremos que fijan las metas para cada uno de los productos prioritarios (aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, envases y embalajes, neumáticos y pilas), proceso que comenzó el 4 de enero de este año para el caso de los envases y embalajes y el caso de los neumáticos.

El tiempo transcurrido entre la aprobación de la ley y el inicio de los procesos de confección de los decretos para los productos prioritarios ha sido muy extenso debido a que se deben tener en cuenta una serie de factores que harán que la implementación de esta iniciativa no sea del todo sencilla.

Por una parte, no contamos con la información necesaria para armar buenas líneas de base respecto de los niveles de residuos y su composición a nivel comunal, de las capacidades locales para implementar los sistemas de recogida que serán necesarios, ni del número de productores que estarían afectos a esta ley. "Adicionalmente, hay que considerar que esta ley exigirá estándares totalmente nuevos para los productores que deberán implementar sistemas caros y que pueden llegar a ser complejos, considerando que dentro de una misma categoría de producto prioritario se pueden generar residuos con características muy disímiles entre sí", asegura Lira.

Con todo, es muy relevante la manera en la que queden estipulados los decretos de los productos prioritarios porque definirán los aspectos específicos respecto de cómo cumplir con las obligaciones y en donde se requiere de un elemento clave para su éxito cual es la gradualidad.

Se requiere de una gradualidad en términos de la categorización de productos que consideraremos dentro de los productos prioritarios, en donde sería deseable comenzar con categorías generales que se vayan sofisticando con el tiempo. Asimismo, se requiere de una gradualidad en las metas establecidas. "Si comenzamos con una meta muy ambiciosa probablemente no se podrá cumplir, en cambio, se puede sacar mucho más provecho de una meta más simple que se vaya tornando cada vez más exigente", admite Lira. De la misma manera, se requiere de una gradualidad respecto de las comunas en las cuales se comenzará implementando esta medida que sirva como piloto inicial y como experiencia para una posterior extensión.

Es por todo esto que el actual proceso de elaboración de los decretos de los productos prioritarios adquiere tanta relevancia. Para Lira, "todos estos elementos de gradualidad son fundamentales, y, dependiendo de cómo se aborden en los respectivos decretos, terminarán por determinar el éxito o fracaso de esta gran reforma a la gestión de residuos en Chile".