La protesta no autorizada de taxistas de la semana pasada ha visibilizado un proyecto de Ley del Ejecutivo que se tramita actualmente en la Cámara de Diputados para regular las economías colaborativas en transportes. Sin embargo, poco se ha dicho sobre el contenido y los objetivos del proyecto, que amenaza con limitar seriamente las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

El proyecto carece de fundamentos técnicos y obedece a motivaciones políticas. Por ejemplo, introduce un impuesto por kilómetro para transferir recursos desde las plataformas tecnológicas, que tienen menores externalidades por congestión, a taxistas tradicionales, que son un grupo de presión.

Además, el proyecto deja en manos de la burocracia estatal, no sólo el cálculo del mencionado impuesto por kilómetro, sino también la fijación de la tarifa misma. El proyecto también introduce la obligación a las plataformas tecnológicas para el transporte privado de entregar toda su información a las autoridades, incluida información sensible para los usuarios de la plataforma, como sus detalles de sus viajes y pagos. Esta disposición, así como el impuesto por kilómetros podrían estar en conflicto con la constitución.

Las nuevas tecnologías introducen desafíos a los reguladores. En cualquier caso, la nueva regulación debe pensarse en favor de las personas y no de los intereses de un cartel que no quiere competencia en su mercado.

Carta de Rodrigo Troncoso, Director del Centro de Datos de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-