Cada cierto tiempo, resurge la discusión en torno a la efectividad del modelo de concesiones. El tema nuevamente se tomó los titulares, al conocerse un análisis que revisó el ritmo de construcción de los recintos –que consideró el tiempo que llevan en obras y su estado de avance, según datos del Ministerio de Salud–, donde se observó que los concesionados avanzan tres veces más rápido que los construidos con recursos estatales.. Y es que en descartar las concesiones el Gobierno se equivocó, perjudicando a la ciudadanía, incrementando listas de espera y dejando promesas incumplidas. Sólo se han terminado 5 de los 20 hospitales comprometidos para 2018, y la ejecución del presupuesto de inversión del Ministerio de Salud deja bastante que desear. Con un 64% el 2015 y un 61% de ejecución el 2016, queda de manifiesto la falta de gestión.

“El desarrollo de infraestructura es entonces un tema pendiente, y aunque hay certeza en que es un mecanismo de estimulación de la economía, poco y nada se ha hecho para impulsarlo”, dice la investigadora del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, Cristina Torres.

Por el contrario, lo que tenemos es la propuesta por parte del Ejecutivo de crear una nueva Empresa del Estado, denominada “Fondo de Infraestructura S.A.”, que poco tiene de fondo y mucho de Estado empresario. El proyecto de ley, actualmente está en discusión en la Comisión de Hacienda del Senado, en su Primer Trámite Constitucional, y busca autorizar al Estado “para desarrollar las actividades empresariales de construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación, desarrollo, financiamiento o inversión referidas a proyectos de infraestructura, incluidos los servicios anexos a los mismos, sobre bienes cuya administración sea de su competencia, en conformidad y con estricta sujeción a lo dispuesto en esta ley”.

“Aunque la iniciativa cuenta con apoyo transversal, lo cierto es que su eventual atractivo merece ser revisado”, dice la abogada. Esto, atendida la forma en que esta empresa financiará sus operaciones. Cabe hacer presente que, en palabras del propio Ministro de Hacienda, lo que ella busca es “movilizar recursos que van a estar en el futuro, traerlos hoy y poder tener más recursos”. “Esto no es otra cosa que financiarse vía endeudamiento, pues la empresa captaría recursos del sector financiero, endeudándose contra sus eventuales ingresos futuros”, dice Cristina Torres. Se trata del valor presente de los peajes futuros de aquellas obras que retornan al Fisco al terminar el periodo de concesión.

Se habla de un patrimonio que alcanzaría un monto de US$ 9.000 millones, aproximadamente un 3,8% del producto, por ello se demanda justificar estos valores, y de ahí la necesidad de disponer de criterios de tarificación que no se constituyan en impuestos encubiertos.

Una luz de alerta sobre este tema la dio el propio Consejo Fiscal Asesor, quien señala en un informe que hizo llegar al Congreso que si bien “se excluye a las empresas públicas de la contabilidad del Gobierno Central y por tanto las operaciones de esta nueva empresa estatal no afectarían el balance estructural, implícitamente se estaría creando una garantía del Estado”. Cabe hacer presente que sí son parte del balance los eventuales subsidios que ella requiera para financiar inversiones de interés social. Más aun, el Consejo considera de suma relevancia contar con resguardos para limitar los eventuales riesgos de operación de la empresa, sobre todo, su capacidad de preservar los ingresos futuros que hayan sido comprometidos vía endeudamiento.

¿No es más adecuado partir con relanzar las concesiones antes de operar con un nuevo sistema que desvirtúa la naturaleza de ellas? Esto, en atención a que la fórmula propuesta por el Ejecutivo suprime su principio rector, el de financiar con el flujo de los peajes la inversión de la propia obra, y una vez terminado el periodo de la concesión, el peaje necesariamente se ve disminuido para solo costear la mantención de ella. Con este modelo el valor no se rebajaría, pues además de pagar un peaje por la mantención –cuyo costo no está estimado– los usuarios, deberán pagar un valor adicional –que también se desconoce– que financiará otras obras.

“Es inviable entonces hablar de una nueva empresa del Estado cuyo patrimonio se desconoce y corresponde a meras expectativas de ingreso, si no se observan cuáles serían las ventajas de este modelo. Más aun considerando el evidente riesgo en las finanzas públicas que se podría generar”, señala Torres.

En concreto si lo que se quiere es acudir a mecanismos de reactivación, la primera tarea es solucionar los problemas políticos que generan las concesiones y terminar con la discusión ideológica que se ha generado en torno a ellas. Según la abogada, lo que se debería hacer es evidenciar los beneficios de ellas y mejorar la gestión del Ministerio de Obras Públicas, de modo tal de incentivar nuevas carteras de proyectos.