Este cambio legislativo que, en sus inicios, prometía “modernizar” por completo el sistema de relaciones laborales en Chile, terminó por transformarse en un conjunto de cambios que en suma sólo generarán desbalance en la ponderación de los derechos de trabajadores sindicalizados, empleadores y no sindicalizados, cuestión que se recibe sin ninguna gota de euforia.

Es así como, el hecho de considerar como una práctica antisindical el mero otorgamiento a no sindicalizados de beneficios que no se consideren remuneración, como cheques restaurantes, reducción de jornadas y becas, si se estima por algún interesado que aquellos significa un desincentivo a la formación de un sindicato, afecta claramente la libertad individual de los trabajadores que no están sindicalizados a convenir con su empleador las condiciones de trabajo que estimen pertinentes.

Sin perjuicio de lo anterior, el no envío por parte del Ejecutivo de ley adecuatoria que reconociera expresamente a los grupos negociadores y la poco afortunada interpretación de la Dirección del Trabajo sobre la materia, precarizan la libertad de asociación de los trabajadores en orden a elegir la forma en que mejor les acomode negociar colectivamente.

Por otra parte, la nueva ley tampoco dejó satisfechas las ansias de poder desmedidas de la CUT y algunos sindicatos radicalizados de izquierda que pretendieron de alguna manera alcanzar un monopolio sindical y una afiliación prácticamente forzosa de trabajadores a sus organizaciones, toda vez que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional y, por ende, eliminó del proyecto, toda disposición referida a dicha titularidad de la negociación colectiva, restableciendo dicho derecho en favor de los trabajadores.

Asimismo, los empleadores tampoco quedaron satisfechos en lo absoluto, pues la eliminación del reemplazo en la huelga y la forma en que se condicionan los servicios mínimos generó un gran desequilibrio entre lo que es el derecho a huelga de los trabajadores y el derecho de los empleadores de desarrollar actividad económica. Con la nueva normativa, pasamos de un extremo a otro, pues transitamos de permitir todo tipo de reemplazo externo e interno a un sistema extremadamente restrictivo, convirtiéndonos en el único país, junto con México, en tener este sistema a nivel OCDE.

Y como si no fuera suficiente, durante los seis meses de vacancia de la ley, la Dirección del Trabajo, ejerciendo su labor interpretativa de la normativa laboral mediante dictámenes, no se hizo cargo de despejar una serie de dudas e inconvenientes que se advierten en la implementación de la nueva ley, como es llenar ciertas lagunas legales y delimitar ciertos conceptos indeterminados.

Por lo visto, la reforma laboral más que ser un remedio a todos los males se convierte en un nuevo dolor de cabeza, no sólo para el Ejecutivo, sino que para todos los trabajadores y empleadores, quienes deberán desde ahora negociar atajando cuchillos en una pieza oscura.