El 11 de marzo de 2014, hace exactamente tres años, Michelle Bachelet asumió la Presidencia de Chile. Hemos recogido algunas consecuencias negativas acarreadas a partir de la toma de decisiones desafortunadas en su Gobierno, que tomó un giro a la izquierda en cuanto a la orientación de su administración.

La política laboral del gobierno durante estos años, se ha centrado en un erróneo diagnóstico del mercado del trabajo actual, en que la productividad, la capacitación y la inserción laboral perdieron el protagonismo, que han encarecido y rigidizado la contratación, todo lo cual le ha hecho un flaco favor a la creación de empleos formales y de calidad.

A nivel legislativo, la agenda laboral centrada en la reforma al derecho colectivo del trabajo en sus tres pilares: sindicalización, negociación colectiva y huelga, ha sido, sin dudas, una mala regulación. Ésta se sostuvo en ideas de antaño y en una idea matriz, la cual fue la titularidad sindical, que en su oportunidad fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

Por el lado del crecimiento económico, estimaciones recientes muestran que el año 2016 habríamos crecido un pobre 1,5% anual, lo que sumado de los dos años anteriores (1,9% y 2,3% para los años 2014 y 2015, respectivamente), dan cuenta que Chile habría crecido sólo un 1,9% en los últimos tres años. Para el año 2017, en tanto, se esperan tasas de crecimiento de un máximo de 2%, sumando así cuatro años de un desempeño muy malo, no visto en la historia reciente de nuestro país.

Este persistente mal desempeño daña aún más la economía, por cuanto la velocidad de recuperación será mucho más lenta. Luego de 4 años creciendo en torno al 2% anual, cifra a la que Chile no está acostumbrada, se van postergando proyectos de inversión, se van dañando confianzas y, lógicamente se pierde impulso. Esta será una herencia de este gobierno que implicará un daño profundo en nuestro camino al desarrollo.

Lamentablemente, el sector educacional ha sido uno de los más afectados por la retroexcavadora de la Nueva Mayoría. Durante los últimos 3 años el gobierno ha logrado realizar una serie de cambios que tendrán graves consecuencias en el futuro.

Especialmente dañina ha sido la promulgación de la ley que pone fin al lucro, la selección y el copago. Los cambios estructurales que genera en el sistema escolar son profundamente negativos. La eliminación del copago quita a las familias la posibilidad de aportar a la educación de sus hijos complementando lo que ofrece el Estado, y además implica tener que reemplazar los aproximadamente $450 millones de dólares que aportaba el copago al sistema anualmente. El costo alternativo de esta medida entonces es altísimo.

Por otro lado, la prohibición del lucro en el sector particular subvencionado amenaza con deshacer el camino avanzado en cobertura. El Mineduc en uno de sus informes reconoce que un número importante de sostenedores estudia si continuará en el sistema y agrega que “las salidas del sistema de establecimientos de educación general y de educación diferencial puede generar problemas de cobertura de matrícula”. Frente a este escenario el gobierno decidió prorrogar el plazo para que los sostenedores pasen a ser instituciones sin fines de lucro y tengan la obligación de ser dueños de sus inmuebles, pero de no hacer cambios que permitan devolverle la flexibilidad y dinamismo al sistema, estos problemas volverán a aparecer.

Si miramos el vaso medio lleno, podemos pensar que gracias al largo horizonte de implementación que contemplan las medidas adoptadas por el gobierno, existe espacio para realizar cambios que permitan aminorar sus consecuencias. Sin embargo, Chile nunca podrá recuperar la oportunidad que ofrecían estos 3 años de realizar cambios que fueran más allá del ámbito institucional y que realmente elevaran la calidad de nuestro sistema educativo.