Proyecto de ley de Desmunicipalización, una iniciativa destinada al fracaso

El miércoles se aprobó en el Senado la idea de legislar el Proyecto de ley de Desmunicipalización. A continuación, enumeramos 4 puntos por los que consideramos que esta Iniciativa está destinada al fracaso, y no debiese prosperar:

En primer lugar, este proyecto de ley propone la creación de una nueva burocracia estatal para hacerse cargo de los establecimientos que hoy administran los municipios, sin embargo, no corrige los defectos de la institucionalidad actual en cuanto al desalineamiento entre atribuciones y responsabilidades[i]. Cristina Tupper, investigadora del Programa Social de LyD, explica que serán los mismos funcionarios los que seguirán cumpliendo la misma labor, de la misma forma, sujetos al mismo régimen laboral y movidos por los mismos incentivos, aunque ahora bajo la administración de entidades más centralizadas (los Servicios Locales de Educación, SLE). "No se ve dónde habría nuevos espacios de mejora", afirma.

En segundo lugar, el proyecto de ley no contempla un nivel de recursos apropiado que dé garantía de que el nuevo sistema será sostenible en el tiempo. Uno de los problemas de la educación municipal ha sido la falta de recursos para hacerse cargo de gastos crecientes e inevitables (por ejemplo, el pago a profesores por antigüedad). "El proyecto en discusión comete el mismo error, en tanto contempla un mayor gasto que a la luz de la situación actual parece insuficiente", declara Tupper.

En el informe financiero del proyecto de ley (Cuadro N° 1) se calcula un mayor gasto en régimen de $ 208.943 millones ($ 7.213 millones para financiar el funcionamiento de la nueva Dirección de Educación Pública y $201.730 millones para los 68 SLE que estarán a cargo de los más de 5 mil establecimientos municipales que hoy funcionan).

 

Este mayor gasto en régimen es prácticamente idéntico al actual aporte que hacen los municipios desde sus propias arcas ($ 210.630 millones)[ii] y que dejarán de hacer una vez que se les expropien los establecimientos educacionales[iii]. Así, vemos que este proyecto de ley no implica un incremento real de recursos para las escuelas públicas en el largo plazo.

En tercer lugar, la propuesta del proyecto para la transición al nuevo sistema no se hace cargo de la inversión en el mejoramiento de los establecimientos municipales antes del traspaso a los nuevos SLE. Durante este período, los municipios no tendrán ningún incentivo a seguir invirtiendo en ello.

De hecho, dado que el proyecto establece que el Estado se hará cargo de la deuda de los municipios, sin siquiera diferenciar si ésta se ha originado debido a una mala gestión. "Habrá implícito un premio a los municipios con deuda. En cambio, no se contemplan recursos para compensar a los municipios que invirtieron recursos propios en los inmuebles que les serán expropiados, castigando indirectamente a los que más han invertido en mejorar la educación de su comuna", dice la economista.

Y por último, el proyecto propone la creación de SLE que estarán a cargo de un promedio de 80 establecimientos, y 18 SLE deberán tener a su cargo más de 100 (ver Cuadro N° 2). Estos tamaños son completamente desproporcionados con la situación actual, en que el 89% de los municipios administra menos de 40 establecimientos (ver Cuadro N° 3). El municipio con más establecimientos a su cargo tiene apenas 89 (Ovalle), y sólo existe en Chile un sostenedor (que es particular) con más de 100 establecimientos, el Magisterio de la Araucanía con 136.

Lo anterior da cuenta de que los recursos contemplados en el informe financiero del proyecto ya suponen la existencia de economías de escala. Para Tupper, "de querer avanzar hacia un tamaño más razonable para los SLE, significará tener que aumentar los costos, y de esta forma, encontramos una nueva fuente de mayores gastos que no estarían siendo considerados".


[i] El académico y ex Ministro de la Concertación José Joaquin Brünner señaló en su presentación en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el día lunes 18 de enero, que a su juicio la nueva institucionalidad propuesta en el proyecto comenzaría con exactamente los mismos defectos y problemas del actual sistema municipal.

[ii] Corresponde a la suma de los aportes del año 2015 expresado en millones de pesos del año 2016.

[iii] Dado que el servicio educativo no será un rol que le corresponderá a los municipios bajo la propuesta del proyecto, es esperable que éstos opten por destinar sus recursos a los servicios a los que la gente sí les atribuya responsabilidad.