El Congreso acaba de aprobar el proyecto de ley que modifica la Ley de Servicios de Gas, cuyo principal aporte fue que se cerraran vacíos regulatorios que dejó la Ley del año 1989.

Adicionalmente, y a diferencia de la regulación hasta ahora vigente, la nueva ley establece que el proceso de regulación tarifaria deberá iniciarse necesariamente si la rentabilidad económica promedio de los últimos tres años de la empresa concesionaria excede una determinada tasa máxima, sin considerar el análisis de las condiciones de competencia imperantes, lo que previamente estaba en manos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Lo anterior resultó ser el aspecto más discutido durante toda la tramitación de este proyecto.

Ello, por cuanto fijar tarifas ante la mera constatación de una rentabilidad que la autoridad determina como excesiva no solo resultó ampliamente criticado –incluso por el ex presidente del TDLC y otros expertos– sino que además constituye un mal precedente para otros sectores regulados donde el TDLC tiene facultades análogas.

Imposible no recordar que la modificación a la Ley de Gas en esta materia surgió de una pública disputa entre el Ministerio de Energía y una de las empresas concesionarias. Ni en esta oportunidad, ni en tantas otras en que se legisla al calor del debate, se logra alcanzar buenos acuerdos para un adecuado marco regulatorio.

Carta de Susana Jiménez y Cristina Torres publicada en La Tercera.-