Con el comienzo del año escolar, quisiera recordar los principales cambios que impondrá la –a mi juicio mal llamada- “ley de inclusión”, así como el detalle sobre su entrada en vigencia, que se prolongará por al menos 5 años más.

Para este 2016, la ley establece nuevas restricciones para la expulsión de alumnos, el aumento de gasto público para intentar suplir gradualmente el copago, y la obligación de que las escuelas destinen todos sus recursos a lo que especifique un reglamento que insólitamente aún no ha sido dictado y por lo tanto los sostenedores desconocen. Adicionalmente, desde este año se prohíbe la entrada de nuevos establecimientos subvencionados, excepto en aquellos casos en que la Superintendencia considere que existe una demanda insatisfecha que no puede ser cubierta por algún establecimiento similar existente en el territorio, e independiente de la calidad de éstos.

El 2017, en tanto, parte el nuevo proceso de admisión centralizado para los alumnos que ingresen al curso inferior de cada uno de los establecimientos escolares que se ubiquen en la región de Magallanes. Luego se incorporará un curso por año, y se extenderá paulatinamente a las demás regiones del país.

Y recién desde 2018 comenzarán las nuevas obligaciones para el funcionamiento de los establecimientos escolares existentes: la exigencia de que el sostenedor educacional sea una persona jurídica sin fines de lucro recién comenzará a regir desde el año 2018 y la de comprar el inmueble en que funciona el colegio se materializará el año 2019 o a fines de 2020 (según si el sostenedor es ya una persona jurídica sin fines de lucro o si deberá transformarse). Por su parte, quienes hoy se encuentran arrendando, tendrán plazo hasta máximo 2021 para seguir haciéndolo en forma excepcional.

Con todo, creo que la Presidenta se apresuró al señalar hace un par de semanas que “la reforma está empezando a mostrar sus frutos” y que los “agoreros que pronosticaron que no íbamos a poder hacerlo y que sería un retroceso, la verdad es que se equivocaron”. Pues la peor parte de esta reforma aún no entra en vigencia. Hasta que ello no ocurra, los “agoreros” seguiremos mostrando nuestro descontento y preocupación.

Columna de María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de LyD, publicada en Pulso.-