Recientemente, el Tribunal Constitucional ha comunicado su decisiĆ³n de declarar inconstitucional una serie de normas contenidas en la ya conocida glosa de gratuidad de la Ley de Presupuestos para el aƱo 2016, con ocasiĆ³n de un requerimiento presentado por 31 Diputados miembros de la CĆ”mara Baja.
Luego de mĆ”s de un aƱo de constantes cambios de criterios por parte del Gobierno en cuanto al contenido de la promesa de gratuidad y de su eventual forma de implementaciĆ³n, finalmente el Ejecutivo escogiĆ³ utilizar como instrumento para materializar esta polĆtica la expedita y transitoria ley de presupuestos, pretendiendo sentar en dicho cuerpo legal las bases de una reforma estructural al financiamiento de la educaciĆ³n superior.
La propuesta de gratuidad aprobada por el Parlamento consideraba como beneficiarios para el aƱo 2016 a todos los estudiantes del 50% mĆ”s vulnerable que asistieran a cualquiera de las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, sin importar la calidad particular de Ć©stas y sin exigirle requisito alguno a dichas casas de estudios. Como contrapartida, se dejaba afuera del beneficio a la gran mayorĆa de los estudiantes que, con igual o inferior condiciĆ³n socioeconĆ³mica, hoy asisten a universidades que no pertenecen al Consejo de Rectores, aĆŗn cuando algunas de Ć©stas tambiĆ©n cuentan con reconocida calidad. Una situaciĆ³n similar ocurrĆa con los estudiantes de institutos profesionales y centros de formaciĆ³n tĆ©cnica, los cuales accedĆan o no al beneficio dependiendo del cumplimiento de ciertos requisitos arbitrariamente impuestos Ā en la glosa.
Ante esta situaciĆ³n, un grupo de diputados presentĆ³ el ya mencionado requerimiento ante el Tribunal Constitucional el cual, sin cuestionar en general la polĆtica de gratuidad del Gobierno ni los montos aprobados por el Congreso, solicitĆ³ dejar sin efectos aquellos aspectos de la glosa que a su juicio eran inconstitucionales e injustos.Ā Para lo anterior se basaron principalmente en dos argumentos, explica Jorge AvilĆ©s, abogado del Programa Legislativo de LyD: "El primero de ellos decĆa relaciĆ³n con que normas de carĆ”cter sustantivo y permanente no pueden ser establecidas a travĆ©s de la ley de presupuestos y, el segundo, se vinculaba a la discriminaciĆ³n arbitraria y caprichosa que esta propuesta de gratuidad producĆa entre alumnos que se encuentran la misma situaciĆ³n socioeconĆ³mica".
El Tribunal Constitucional, luego de sustanciar el respectivo proceso y de oĆr a diversos actores, acogiĆ³ el requerimiento declarando que algunas de las normas de la glosa vulneraban la igualdad ante la ley y el principio de no discriminaciĆ³n arbitraria, por cuanto no se da un trato igualitario a todos los estudiantes que hoy se encuentran en la misma situaciĆ³n socioeconĆ³mica, sin que existiera para ello fundamentos racionales o justos. De esta manera su fallo āque debiera ser dictado en los prĆ³ximos dĆas- eliminarĆ” los requisitos arbitrariamente impuestos a alguna de las instituciones de educaciĆ³n superior, permitiendo de esa manera que la norma permita el acceso de mĆ”s estudiantes vulnerables a este beneficio.
"Sin perjuicio de las medidas que tome el Ejecutivo en los prĆ³ximos dĆas para hacer frente a esta situaciĆ³n, cabe destacar que se ha demostrado la eficacia que tiene la institucionalidad en nuestro paĆs y que los mecanismos establecidos para limitar el poder en casos extremos realmente funcionan", comenta Jorge AvilĆ©s. Que existan las instancias necesarias para impedir la transgresiĆ³n de los derechos humanos fundamentales, como lo es por cierto el igual trato de las personas ante la ley, aun cuando dicha transgresiĆ³n sea producida por una autoridad, es una excelente noticia.
