El Ministerio de Educación (MINEDUC) informó sobre 783 establecimientos educacionales que habrían solicitado abandonar el régimen de financiamiento compartido el próximo año, producto de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.845, que entre otras cosas, establece su término gradual. A raíz de esta noticia, desde el Gobierno salieron a celebrar que las consecuencias negativas que se esperan de dicha reforma no serían tales. Lo cierto es que todavía es muy pronto y no vemos razones para que el Gobierno celebre.

A continuación enumeramos 5 razones de por qué es muy temprano para celebrar.

• Hoy nuestro sistema escolar ya cuenta con mecanismos para que los alumnos de las familias más pobres queden exentos de realizar pagos a su establecimiento educacional. En consecuencia, al menos 87% de los alumnos calificados como prioritarios (aproximadamente del 50% más pobre) que estudian en un colegio con financiamiento compartido, ya lo hace de forma gratuita. La ley en cuestión omite la existencia de dichos mecanismos.

• La mayoría de los establecimientos señalados por el MINEDUC ya están al alcance de las familias de menores ingresos del país. Pues en promedio cobran un copago de sólo $ 6.600 mensuales, y el 90% está suscrito a la Subvención Escolar Preferencial (SEP), gracias a la cual sus alumnos más pobres ya estudian de forma gratuita.

• El mayor gasto público en que se incurrirá sólo irá a sustituir recursos con que estos 783 establecimientos ya cuentan hoy día gracias al aporte de los padres. Es decir, no habrán más recursos a los cuales atribuir mejoras de calidad. Al contrario, las nuevas restricciones en relación al uso de los recursos -que dependen de un reglamento que no ha sido dictado- significarán más burocracia en la gestión de las escuelas y podrían limitar el progreso educativo.

• Se producirá una seria desfocalización en el gasto público, que no favorecerá a las familias más necesitadas del país. Dado que la entrega de más recursos dependerá de las características del establecimiento educacional, y no de la necesidad del alumno, las familias prioritarias del país que hoy se esfuerzan por pagar un copago que significa una alta proporción de sus ingresos para enviar a su hijo al colegio de su preferencia, y que no se están beneficiando ni con becas ni con SEP, no serán apoyadas con esta nueva ley.

• Y por último, no hay razones para celebrar todavía, porque el grueso de la ley no entrará en vigencia todavía, sino que recién el año 2021 se habrán hecho efectivas las nuevas exigencias en cuanto a la personalidad jurídica del sostenedor educacional y a la propiedad del inmueble en que funciona el establecimiento. Sin contar el nuevo proceso de admisión a cargo del MINEDUC, cuya puesta en marcha depende de un decreto que aún no ha sido dictado, y que requerirá de más de 14 años para completarse.