El Gobierno sigue dando muestras de su improvisación en cuanto a qué instituciones serán incluidas en el financiamiento estudiantil gratuito para el año 2016.

Durante el discurso del 21 de mayo, la Presidenta señaló que accederían a la gratuidad efectiva “sin beca ni crédito”, los alumnos pertenecientes a los 6 primeros deciles que estudiaran en las Universidades del Consejo de Rectores (CRUCh) o en Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales que tuviese acreditación y estuviesen constituidos como fundación. Con esto, se verían beneficiados 220 mil alumnos, equivalentes al 35% del total de alumnos de los 5 primeros deciles que asisten a educación superior.

Luego, tras el cónclave de la Nueva Mayoría realizado a comienzos de este mes, el anuncio fue modificado, para incluir a los estudiantes provenientes de las familias del 50% de menores ingresos (5 primeros deciles) que asistieran a las instituciones ya señaladas, o bien a una universidad privada fuera del CRUCh, que cumpliera con al menos 4 años de acreditación, no mantuviera entre sus controladores a una sociedad comercial, y que además tuviera participación triestamental en su gobierno. Según nuestras estimaciones en LyD, con esto se favorecería a 189 mil alumnos, equivalentes al 38% del total de alumnos de educación superior que pertenece a los 5 primeros deciles[1].

Y durante los últimos días, se conoció una información entregada en la página del MINEDUC, en que se explicaba en términos distintos el beneficio para el caso de las universidades. Serían incluidas las Universidades estatales, mientras que todas las privadas (CRUCh o no CRUCh) deberían cumplir con los requisitos ya señalados. En consecuencia, quedarían fuera los alumnos de la Universidad Austral, que posee participación de una sociedad comercial. Apenas fue alertada de esta situación, la Ministra de Educación tuvo que salir a explicar que no se habían cambiado las instituciones elegidas, pues la exclusión de aquellas que tuvieran entre sus miembros a una sociedad comercial, era sólo si ésta representaba a más del 10% de su directorio.

En consecuencia, si bien no hubo un verdadero cambio en las instituciones elegibles, y por lo tanto en el número de potenciales beneficiarios, lo ocurrido hasta ahora ha servido para dejar en evidencia la poca claridad con que el Gobierno está buscando llevar adelante esta iniciativa, y lo poco robusta que ha sido su elección, en cuanto no se basa sobre criterios objetivos que verdaderamente apuntan a la calidad de la institución o a la necesidad de los alumnos, sino más bien se trata de una decisión a dedo. Para las instituciones de educación superior lo anterior reviste una gran incertidumbre.

Adicionalmente, ha quedado de manifiesto cómo el Gobierno está tratando de regular el sistema de educación superior a través del financiamiento estudiantil, lo que lo ha llevado a perder el principal fin al que éste debiera apuntar: apoyar al alumno para que pueda estudiar donde quiera según sus méritos y preferencias, sin que sus recursos sean una limitante. En este sentido, consideramos que la decisión de avanzar hacia la gratuidad universal es una mala idea, pues esta es una política insostenible, que muchos países han ido abandonando. Peor aún, es una política ineficiente e injusta. Ineficiente porque no se hace cargo de las verdaderas restricciones que enfrentan quienes se ven limitados de acceder hoy a la educación terciaria. E injusta en tanto favorece fundamentalmente a quienes ya se encuentra hoy día en una mejor situación económica, y porque además perpetúa esta inconsecuencia en la medida que terminará también beneficiando a quienes tengan mejores perspectivas de ingresos futuros. Siempre en desmedro de los menos aventajados.

[1] Incluyendo a 9 mil estudiantes de tres universidades no CRUCh, que según ha trascendido, estarían en condiciones de avanzar hacia el cumplimiento del requisito de triestamentalidad: la Diego Portales, Alberto Hurtado y Católica Silva Henríquez.