El día miércoles se aprobó por la Cámara de Diputados en primer trámite el proyecto de reforma laboral luego de un gran debate nacional poco fructífero. Las nuevas autoridades plantearon revisar el proyecto original con el propósito de mejorar la iniciativa y hacer suya la opinión de muchos expertos e instituciones que durante más de dos meses expusieron en la Comisión de Trabajo.

El abogado del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, Sergio Morales, explica que pese a que el Ejecutivo ingresó una serie de indicaciones, ninguna de ellas apuntó a corregir los aspectos sustanciales del proyecto. Estos aspectos son la titularidad sindical que despoja a los trabajadores de una serie de derechos de que hoy gozan para traspasarlos a los sindicatos; la eliminación del reemplazo en huelga (tanto con trabajadores nuevos como propios); el rediseño de las prácticas antisindicales que propende en gran medida a desestimular la negociación individual y las facultades de dirección del empleador; y la regla de la extensión de los beneficios de la negociación (donde entrega una especie de veto al sindicato para que éste decida si es posible extender todo o parte de ellos a los demás trabajadores de la empresa).

"Las modificaciones que se introdujeron, salvo la nueva definición de servicios mínimos, no apuntan en nada a ser un avance en materia de estímulos a la productividad y a generar equilibrios en la negociación", señala Morales. Pareciera que se hubiera optado por escuchar más a la CUT (representante minoritario de trabajadores del sector privado) y no la opinión de la gran mayoría de expertos y trabajadores de nuestro país que rechazan categóricamente esta reforma, que en caso alguno se hace cargo de los verdaderos desafíos del mundo del trabajo.