Ante legítimas dudas sobre el compromiso del gobierno con la focalización del gasto social, consideramos valiosas ciertas precisiones aportadas desde el Ministerio de Desarrollo Social en este medio el domingo pasado.

Lo medular es su reconocimiento del rol clave que históricamente ha jugado la focalización en Chile. Son relevantes también sus declaraciones respecto a que, en un contexto de recursos limitados y carencias sociales importantes, la focalización tiene “una justificación a la vez técnica y ética” o que “las prioridades siempre son escalonadas y que el quintil más rico será el menos prioritario a todo evento”. Se entregan así tranquilizadoras señales sobre hacia donde debiese avanzar la modificación (y no eliminación) del instrumento de focalización vigente: perfeccionar la identificación y necesidades de quienes más lo necesitan.

Sin embargo, los dichos no siempre concuerdan con los hechos. ¿Cómo explicar, por ejemplo, propuestas universalistas tan onerosas como la gratuidad en educación superior que beneficia principalmente al quintil más rico?

Políticas del tenor de la señalada ilustran en forma clara la dicotomía entre focalización y universalización del gasto público, pese a que se diga que es un error plantear que se contraponen. No se requiere elucubrar demasiado para entender que es inconsistente hablar de focalización y financiamiento universal al mismo tiempo.

Es perfectamente legítimo que se busque enfatizar uno de estos enfoques por sobre el otro. Este es, a fin de cuentas, el ámbito propio de las políticas públicas. Consideramos, en cambio, que ese ámbito es resorte del debate democrático a través de la ley y la elección de gobernantes, no de una nueva Constitución anclada en un enfoque de derechos universales. Ello sólo limitaría el debate democrático argumentado que debe existir en estas importantes cuestiones. Así, concordamos con Jorge Correa Sutil (carta del 16/6) respecto a que en una eventual nueva Constitución es “perfectamente posible emplear la goma en vez del lápiz”.

Carta de Ignacio Briones, Decano Escuela de Gobierno UAI; y Alejandra Candia, Directora Programa Social de Libertad y Desarrollo, publicada en El Mercurio.-