En 1997, Fareed Zakaria escribió un ensayo en Foreign Affairs titulado “The Rise of Illiberal Democracy” (“El auge de la democracia iliberal”), en el que describió un fenómeno que actualmente ha adquirido gran relevancia y que, según él, se estaba extendiendo crecientemente por distintas partes del mundo. En este escrito distingue entre dos ideas que usualmente se complementan, pero que son conceptualmente diferentes. Por una parte, están los gobiernos elegidos mediante el voto popular, pero que ignoran los límites constitucionales a su poder y, de este modo, privan a los ciudadanos de sus derechos fundamentales y de su libertad. Por otra, están las democracias basadas en un constitucionalismo liberal, en las cuales los gobiernos no solo son elegidos mediante elecciones libres y justas, sino que, tan importante como aquello, se encuentran sometidos al Estado de derecho y al imperio de la ley, a la separación de poderes, a la igualdad ante la ley, al pluralismo político, a la alternancia en el poder, a la existencia de tribunales independientes e imparciales y al debido proceso. Asimismo, respetan determinados derechos considerados fundamentales e inalienables, como la libertad de expresión, de reunión, de religión, de movimiento y de propiedad, entre otros.
En suma, se trata de gobiernos elegidos con el consentimiento de los gobernados, pero sometidos a los principios del liberalismo constitucional. En otras palabras, en el primer caso estamos ante una democracia estrictamente procedimental, en la cual no existirían límites sustantivos respecto de aquello que puede decidir la mayoría. En teoría, esta podría incluso votar por suprimir los derechos de una minoría, concentrar el poder o eliminar la prensa crítica y, pese a ello, el régimen seguiría siendo considerado democrático por el simple hecho de haber sido generado por la voluntad popular.
En este contexto, Zakaria retoma una pregunta que ya había sido planteada, en términos diferentes, por Karl Popper en La sociedad abierta y sus enemigos: no basta con preguntarse quién gobierna, sino también cómo gobierna ese gobierno generado por la voluntad popular y cuál es su relación con la libertad y los derechos individuales. Esta es una interrogante clave para la teoría de la democracia liberal, pues, como han sostenido desde sus orígenes numerosos pensadores de la tradición liberal, la democracia, privada de límites constitucionales, puede fácilmente derivar en una tiranía de la mayoría.
La idea subyacente es que los gobiernos poseen un poder potencialmente avasallador sobre los ciudadanos, sobre su libertad, su patrimonio y, en determinadas circunstancias, incluso sobre sus vidas. Además, existe una tendencia de los gobiernos a expandir ese poder en la práctica. Por ello, la soberanía popular debe encontrar límites en aquellas esferas de acción en las que debe preservarse un ámbito de autonomía individual frente a la intervención colectiva. El poder, por otra parte, debe estar sometido a una serie de controles y contrapesos que permitan evitar abusos y excesos de autoridad.
El objetivo último es proteger la autonomía individual y la dignidad de las personas frente a la coerción, venga esta de donde venga. Para un individuo, en efecto, la vulneración de su libertad puede ser igualmente grave si proviene de un monarca absoluto, de un gobierno autoritario o de una mayoría democrática La naturaleza democrática del poder no convierte automáticamente en legítimo todo aquello que ese poder decida hacer.
En otras palabras, Zakaria advierte sobre el riesgo que implica contar con elecciones libres sin las garantías liberales que tradicionalmente han acompañado a las democracias constitucionales de Occidente. La celebración de elecciones, por sí sola, no garantiza ni la protección de los derechos individuales ni la existencia de instituciones capaces de limitar eficazmente el poder político.
Hoy, sin embargo, la democracia suele definirse exclusivamente como un procedimiento mediante el cual se determina quién gobierna a partir de la voluntad popular. Pero esta definición está muy lejos de garantizar, por sí misma, los derechos y las libertades individuales. Tanto es así que Viktor Orbán, uno de los principales exponentes contemporáneos del concepto de democracia iliberal, lo presentó explícitamente en 2014 como un proyecto político legítimo y como una alternativa al modelo liberal. La idea pasó así a convertirse en una bandera ideológica para él y para otros gobernantes y movimientos políticos, acompañada de un rechazo al liberalismo entendido como una concepción excesivamente individualista de la sociedad y de una reivindicación de la identidad nacional, cultural y religiosa, junto con una fuerte crítica al denominado «cosmopolitismo de las élites liberales».
De hecho, los gobiernos iliberales pueden operar mediante reformas constitucionales, modificaciones de las leyes electorales y cambios graduales en las instituciones encargadas de controlar al poder. En el caso de Hungría, diversos organismos internacionales y académicos han documentado un progresivo debilitamiento de la independencia de instituciones como los medios de comunicación, el poder judicial y determinados organismos de control. El problema no consiste necesariamente en la desaparición formal de estas instituciones, sino en el debilitamiento de su capacidad efectiva para limitar al gobierno. De este modo, puede producirse una erosión del Estado de derecho aun cuando muchas de las medidas adoptadas se encuentren revestidas de legalidad formal.
Se trata precisamente de aquello que Steven Levitsky y Daniel Ziblatt describen en “Cómo mueren las democracias”: las democracias contemporáneas no necesariamente se extinguen mediante acciones violentas, golpes de Estado o intervenciones militares, sino que también pueden deteriorarse mediante un proceso gradual de erosión institucional. Las normas y los controles que sostienen el régimen democrático pueden ser debilitados desde dentro por gobiernos que han llegado legítimamente al poder. La democracia puede, así, conservar sus procedimientos fundamentales mientras pierde progresivamente parte de las garantías que permiten controlar el ejercicio del poder.
En algunos casos, como El Salvador, este proceso también ha estado acompañado de un endurecimiento de la acción policial y de una reducción de determinadas garantías procesales, todo ello justificado por el gobierno como una respuesta necesaria frente a la delincuencia y respaldado por amplios sectores de la población. El punto relevante, desde la perspectiva del constitucionalismo liberal, no es negar la necesidad de que el Estado ejerza su poder coercitivo para proteger a los ciudadanos, sino preguntarse cuáles son los límites de ese poder y qué garantías deben permanecer vigentes incluso frente a situaciones excepcionales. La seguridad y el orden público no eliminan por sí mismos la necesidad de respetar los derechos fundamentales y el debido proceso.
Estos regímenes también pueden tener consecuencias geopolíticas, porque en determinados casos han significado un acercamiento o alineamiento con líderes como Vladimir Putin en Rusia y con otros gobiernos que reivindican la idea de un Estado fuerte y cuestionan determinados aspectos del orden liberal internacional. En algunos casos, esto se expresa como una búsqueda de alternativas al predominio político y cultural de las democracias liberales occidentales y de instituciones como la OTAN y la Unión Europea.
Este fenómeno suele ir acompañado, además, de una retórica política fuertemente confrontacional y de carácter maniqueo, que tiende a dividir a la sociedad entre “amigos” y “enemigos” y a presentar el conflicto político como una lucha existencial entre dos proyectos incompatibles de sociedad. Paralelamente, puede observarse un fortalecimiento del comunitarismo y de la primacía de determinados intereses colectivos —especialmente en materias culturales, identitarias y, en algunos casos, económicas— en desmedro de una concepción más individualista de los derechos y de la autonomía personal.
La derrota del líder iliberal Orbán en Hungría en abril de este año frente a Magyar que obtuvo 53,18% de los votos podría ser una señal de que las democracias sin restricciones constitucionales no representan una tendencia irreversible y que existe un límite a los proyectos iliberales en el tiempo.
Lucía Santa Cruz, Consejera Emérita de Libertad y Desarrollo.
El presente texto corresponde a una sección del Informe de Coyuntura Política N° 51- septiembre 2026
