EXPOSICIÓN EN EL SENADO POR PROYECTO DE PROTECCIÓN TARIFARIA ELÉCTRICA

El Abogado del Programa Legislativo de LyD, Alberto Herrera, expuso sobre el proyecto de ley de Protección Tarifaria Eléctrica en la Comisión de Minería y Energía del Senado.

Acompañado por la Economista Senior, Macarena García, el investigador planteó que, si bien la iniciativa busca aliviar el impacto de las alzas en las cuentas de la luz, es importante distinguir entre las medidas de apoyo a los hogares y las modificaciones permanentes al modelo regulatorio.

Mientras valoró que el proyecto reconozca y cuantifique obligaciones pendientes en el sistema, ordene procesos tarifarios históricamente atrasados y aborde la calidad del servicio técnico, señaló que sus reparos no se encuentran en el diagnóstico, sino que en algunos de los instrumentos elegidos para enfrentarlo. En esa línea, sostuvo que la extensión del subsidio eléctrico a cerca de dos millones de hogares debiera abordarse mediante un subsidio permanente y focalizado, financiado con rentas generales.

Respecto de las modificaciones al modelo tarifario, Herrera manifestó su preocupación por los cambios propuestos al mecanismo de «empresa modelo eficiente», señalando que, si esta vía se vuelve habitual, la tarifa puede terminar pagando los costos reales de cada empresa.

Asimismo, en relación con los planes de inversión contemplados en el artículo 183 ter, planteó que hay tres aspectos a reforzar: que tenga un carácter excepcional, que no contenga un doble pago y que el pago esté sujeto a resultados.

La presentación también abordó la posibilidad de renegociar contratos de suministro, señalando que no se opone a renegociaciones voluntarias que permitan reducir costos para los clientes, pero advirtiendo que cualquier mecanismo debe resguardar la certeza jurídica y el adecuado funcionamiento del mercado eléctrico.

Finalmente, Herrera expresó reparos respecto de la denominada componente NT, indicando que el proyecto no incorpora una memoria financiera que justifique el monto propuesto y, además, entrega a la Comisión Nacional de Energía la facultad de aumentarlo sin un límite cuantitativo establecido en la ley.

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