El Presidente Kast anunció los lineamientos generales del proyecto de ley para la Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social cuyos objetivos son necesarios: hacer de Chile un país más atractivo para la inversión, facilitar la creación de empleos, disminuir la permisología que ahoga a los emprendimientos; y habilitar los fondos necesarios para la reconstrucción de las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío tras los incendios. Las medidas anunciadas apuntan en la dirección de, con responsabilidad fiscal, echar andar el crecimiento que es la mejor forma de que los chilenos puedan progresar económica y socialmente.
Se debe recordar que ha sido el crecimiento el responsable de más del 90% de la reducción de la pobreza en Chile en las últimas décadas y de la consolidación de una clase media que ha logrado mejorar sus condiciones materiales respecto a generaciones previas.
Las propuestas se pueden dividir en distintos ejes:
1. Impuestos competitivos para atraer inversión y crear empleos
Una de las principales medidas es reducir la tasa del Impuesto de Primera Categoría al promedio de la OCDE y avanzar hacia un sistema tributario integrado como uno de los principales instrumentos para fortalecer el crecimiento económico, principal motor de bienestar social. Dicho crecimiento es el responsable de más del 90% de la reducción de la pobreza y de la consolidación de una clase media en Chile en las últimas décadas. En este contexto, una menor carga tributaria sobre las empresas permite dinamizar la economía, ampliando las oportunidades de inversión y empleo.
Chile es una economía pequeña por lo que mantener tasas de impuesto elevadas y un sistema tributario complejo solo reduce el atractivo para invertir en el país y genera distorsiones que afectan la inversión, el empleo y la productividad.
Por lo anterior, fue el propio ministro de Hacienda del Gobierno del Presidente Boric, Mario Marcel, quien planteó la necesidad de avanzar hacia una rebaja de la tasa corporativa como parte de una estrategia pro-crecimiento. Esto refleja un diagnóstico técnico compartido respecto de los efectos negativos que pueden tener impuestos altos sobre la actividad económica de largo plazo.
La disminución gradual de impuestos implicará una caída de la recaudación a corto plazo, por lo que el proyecto considera distintas medidas de modo de adelantar ingresos que compensen la caída de la recaudación tributaria, por ejemplo, cambios a los impuestos a las donaciones y beneficios para la repatriación de capitales, además de una serie de medidas para contener el gasto: incentivos al retiro de funcionarios públicos y medidas para terminar con los abusos en licencias médicas.
Finalmente, se reestablecerá la invariabilidad tributaria para que exista mayor certeza jurídica para la inversión.
Sin duda que todo cambio tributario solo será creíble y generará mayor inversión en la medida que sea fiscalmente sostenible, por lo cual estas medidas deben ser analizadas en conjunto con otras medidas que esta implementando el gobierno para darle viabilidad fiscal y que van más allá de este proyecto como, por ejemplo, el ajuste de gasto que se encuentra en desarrollo.
2. Un sistema de permisos y autorizaciones que posibilite el progreso
Existe consenso transversal de que el actual nivel de burocracia es una traba a inversión y a la creación de empleos. Por ello el proyecto considera una serie de medidas para racionalizar la “permisología” que, en 2024, según un estudio de la USS, habría costado US$2.200 millones, casi un 1% del PIB. Entre ellos, se encuentran mayores atribuciones para el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y se reducen los espacios de judicialización. Además, el Estado se hará responsable ante revocaciones de permisos ya concedidos.
Estos cambios se suman a los ya aprobados por el Congreso el año pasado en el marco de la ley relativa a permisos sectoriales, que hoy se encuentra en etapa de implementación.
4. Incentivos a la creación de empleos
Desde mediados de 2022, las cifras de creación de empleo se han debilitado, lo que ha impedido que las tasas de ocupación hayan regresado a los niveles previos a la crisis provocada por la pandemia. El desempleo es más alto (8,3%[1]) que el promedio histórico (de 6,9%) y entre los jóvenes es de casi 20%.
Por lo tanto, además de los cambios tributarios, indispensables para el aumento de la inversión y la creación de empleos, se establecen nuevos mecanismos para estimular la contratación de empleos formales a través de incentivos tributarios disponibles para todas las empresas del país.
5. Apoyo para las familias
Dada la situación de emergencia habitacional con un déficit de más de 550 mil viviendas y 120 mil familias que viven en campamentos[2], es necesario facilitar el acceso a la vivienda, lo cual permitirá que más personas accedan a una casa propia (además de dinamizar el empleo en el sector construcción). Para ello se establece una exención transitoriamente el pago de IVA en las viviendas.
Las medidas legislativas se suman a otras administrativas que buscan un crecimiento ordenado de las ciudades, tanto por crecimiento en altura (densificación) y por expansión, que permitirá reducir los precios del suelo, esencial para desarrollar viviendas más accesibles a las familias.
Por otro lado, se elimina las contribuciones a la primera vivienda para los adultos mayores de 65 años.
La importancia de la mirada conjunta. Los problemas económicos del país son de una complejidad tal, que no es posible abordarlos mediante medidas individuales: se necesita un cambio de enfoque regulatorio completo, con medidas que aborden el corto, mediano y largo plazo. Así, la “idea matriz” del proyecto de ley es sencilla: volver a crecer y eso se logra con una mirada conjunta, entendiendo que todos los componentes del proyecto forman parte de un todo.
[1] Correspondiente al trimestre diciembre 2025 – febrero 2026, último dato disponible.
