Con un respaldo transversal, a fines de agosto del 2024 se promulgó un proyecto de ley que modificaba, de forma transitoria, varios aspectos de las elecciones celebradas aquel año. Dentro de las más importantes, se encontraba la reducción del reembolso que los partidos y candidatos reciben por cada voto obtenido. La ley estima que este valor debe alcanzar 0,04 UF por cada sufragio, no obstante, dicha cifra se disminuyó a un 0,026 UF, solo para la última elección, entendiendo que la adopción del voto obligatorio supondría un aumento considerable de la participación ciudadana y, por ende, del gasto del Estado en esta materia.
Efectivamente los supuestos que operaron en esta discusión se cumplieron. En la última elección de alcaldes, concejales, Cores y gobernadores se registró una participación del 85%, lo que se tradujo en 11,7 millones de votos válidos. Un aumento considerable en vista de que, en la elección anterior de autoridades locales (2021), el número de votos válidos fue de 6,3 millones. En este sentido, la reducción de un 35% en el valor del reembolso por voto fue un acierto.
Sin embargo, al ser esta una medida transitoria, hoy nos encontramos frente al mismo dilema. Quedan poco menos de cinco meses para las elecciones de primera vuelta presidencial y parlamentarias, en donde se presume aumentará nuevamente la participación, y aún no existe una discusión en torno a la materia. Cabe recordar que la responsabilidad de elaborar un proyecto de ley al respecto, es de iniciativa exclusiva del Presidente por significar una modificación del gasto fiscal.
De esta forma, de no hacerse ningún cambio y asumiendo niveles de participación similares a los de la última elección municipal, el gasto por reembolso de los votos ascendería a $41,9 mil millones. Por el contrario, de modificarse el monto a reembolsar a 0,026 UF (como se hizo el 2024), el gasto total se reduciría en $14,7 mil millones alcanzado $27,2 mil millones. Es de esperar que en un escenario como el actual, en donde las cuentas fiscales pasan por su mejor momento, nuestras autoridades tuviesen un mayor sentido de responsabilidad con los recursos de todos los chilenos.
