En la edición 2025 del Índice de Libertad Económica de Heritage Foundation, dado a conocer hoy, Chile obtiene un resultado de 73,2 puntos, de una escala de 0 a 100, lo cual nos sitúa en el lugar 18 del ranking mundial. Esto implica un avance de 3 lugares, ya que en el informe anterior nuestro país estuvo en el lugar 21.

El índice analiza el desarrollo de las políticas económicas en 176 países, los cuales son calificados y rankeados en 12 mediciones de libertad económica que se evalúan en cuatro aspectos: Estado de Derecho, Tamaño del Gobierno, Eficiencia Regulatoria y Apertura de los Mercados.

En el caso de Chile, uno de los aspectos donde se observa una mejoría es en resultado inflacionario en donde se sigue registrando una moderación después de los incrementos de 2022 y 2023. Adicionalmente, mejora el subíndice de libertad laboral, ya que la ley de las 40 horas incorpora mecanismos de flexibilidad y adaptabilidad. En materia fiscal, hay una leve moderación en el gasto del gobierno central, como porcentaje del PIB, entre los años 2023 y 2024, lo cual genera un incremento del puntaje en el índice. Probablemente este subíndice mostrará un retroceso en las próximas ediciones dado el desequilibrio fiscal y el alza de la deuda pública.

Por último, empeora el aspecto relacionado con el derecho de propiedad, en donde hay creciente alarma por el devenir de las tomas ilegales de terrenos donde los fallos judiciales no se cumplen.

A nivel general, al igual que en ediciones anteriores, el ranking es encabezado por Singapur. Le siguen Suiza, Irlanda y Taiwán. Por su parte, los países al final de la lista son Corea del Norte, Cuba y Venezuela.

Según explica Tomás Flores, Economista Senior de Libertad y Desarrollo: “Chile avanza tres lugares en el índice, gracias la moderación de la inflación en relación a los registros de 2023. Adicionalmente, se observa una mejoría debido a la leve moderación del gasto público, como porcentaje del PIB, en 2024 con respecto al reporte previo. Por último, el aspecto más preocupante en el debilitamiento del derecho de propiedad a partir de la impunidad observada en las tomas de terrenos”.