La Coordinadora del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, Pilar Hazbun, expuso en el seminario del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), “institucionalidad de la minería en Chile en el contexto internacional”.
En la instancia, Hazbun se refirió al marco constitucional y jurídico de la minería en Chile explicando que, “el marco vigente ha proporcionado garantías fundamentales que han otorgado certeza jurídica a los inversionistas, en particular: un sistema de concesiones constituidas por vía judicial, una sólida protección del derecho de propiedad de los concesionarios sobre sus títulos y un régimen de amparo vía patentes”. Dichas reglas, sumadas a una serie de disposiciones constitucionales y una estabilidad en el régimen de inversión extranjera, han permitido el éxito de la minería en Chile.
“Esta certeza jurídica y la estabilidad de las reglas del juego son sin duda factores elementales para atraer la inversión, pues se trata de una actividad económica de riesgo, que conlleva inversiones de largo plazo y son altamente intensivas en capital”, agrega Hazbun.
De cara al debate constitucional y en relación a que debería incorporarse en la nueva Constitución respecto a la minería, la abogada enfatizó que, “es fundamental mantener el sistema vigente de concesiones constituidas por vía judicial, la sólida protección del derecho de propiedad de los concesionarios sobre sus títulos y el régimen de amparo vía patentes.” Agregó que estos elementos no deberían ser alterados, teniendo en cuenta que la minería se trata de una actividad crucial para el país, no sólo en términos de inversión y empleo, sino de lo que aporta al Fisco.
También indicó de cara al debate constitucional y sobre posibles cambios a la legislación, que debe velarse por una regulación ambiental que sea compatible con el desarrollo sostenible y evitar normas proteccionistas que puedan llegar a terminar con diversos proyectos mineros. Finalmente, sobre la moción parlamentaria del royalty a la minería, afirmó que cualquier modificación al régimen tributario debe ser estudiado con seriedad, pues un royalty como el que se propone actualmente, además de ser inadmisible por vulnerar la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de fijación de tributos, colocaría a Chile como el país con mayor carga tributaria total efectiva, afectando la competitividad de la minería en Chile.
