REBAJA DIETA PARLAMENTARIA Y REMUNERACIÓN DE AUTORIDADES

En relación al proyecto de ley aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados que rebaja la dieta parlamentaria y remuneraciones de autoridades, observamos con preocupación que, dada la premura que se ha instalado por legislar sobre esta materia, pudieran quedar desatendidas ciertas consideraciones que son relevantes y que tendrán impacto en el largo plazo.

En concreto, el proyecto de ley aprobado recientemente por la Cámara de Diputados, en su primer trámite constitucional, deroga el artículo 62 de la Constitución Política de la República (CPR) que regula la dieta parlamentaria e introduce al artículo 8º de la CPR – relativo al principio de transparencia y probidad en la función pública- nuevos incisos en orden a establecer que son públicas las remuneraciones y dietas de las autoridades y jefaturas de la Administración del Estado y de los órganos comprendidos en los capítulos IV (Gobierno), V (Congreso Nacional), VI (Poder Judicial), VII (Ministerio Público), VIII (Tribunal Constitucional), IX (Servel), X (Contraloría), XI (Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad), XII (COSENA), y XIV (Gobierno y Administración Interior del Estado), y de las empresas y universidades del Estado.  Dichas remuneraciones serán fijadas cada cuatro años por una comisión integrada por dos miembros designados por el Consejo de la Alta Dirección Pública, dos miembros designados por el Banco Central y un miembro designado por el Presidente de la República.   Para el desarrollo de esta función, el Banco Central actuará como secretaría técnica de esta comisión.   Adicionalmente, se aprobó que ninguna autoridad pública podrá tener una remuneración superior a la del Presidente de la República.

Asimismo, en una disposición transitoria se aprobó una norma que ningún funcionario de planta, a contrata, ni de dotación a honorarios que se desempeñe dentro de los órganos comprendidos en los capítulos señalados en el artículo 8, podrá percibir una remuneración mayor a la que será establecida para sus respectivas autoridades. Se aprobó también que, en el tiempo que media entre la publicación de esta reforma y la fijación de remuneraciones que establezca la comisión técnica, se rebaje transitoriamente en un 50% las dietas y remuneraciones de las autoridades de la Administración del Estado y quienes ejercen cargos de elección popular en los órganos de Gobierno, Congreso Nacional y Gobierno y Administración Interior del Estado, salvo los alcaldes, concejales y consejeros regionales.  En cuanto a las normas que rebajaban en un 50% las remuneraciones del Poder Judicial y las asignaciones parlamentarias, estas fueron finalmente rechazadas por la Sala de la Cámara de Diputados.

Respecto al texto despachado por la Sala de la Cámara de Diputados, que se verá próximamente en el Senado, podemos formular las siguientes observaciones.

Un primer punto a tener en consideración en relación al proyecto de ley es que éste afecta un número muy amplio de autoridades, sin considerar las diferencias existentes entre éstas, lo que puede llevar también a que se generen distorsiones en la escala de remuneraciones de los diversos organismos afectados con la iniciativa y a que no se generen los incentivos correctos para atraer a personas de alta calificación al sector público.  En efecto, según estimaciones del Banco Central, la iniciativa afectaría aproximadamente a 12.000 funcionarios.  Además, especialmente preocupante desde el punto de vista de los incentivos para atraer a personal capacitado, es aquella norma que establece que ningún funcionario de planta, a contrata o a honorarios podrá recibir una remuneración mayor a la que de su respectiva autoridad.  En este sentido, el mérito, las responsabilidades que se asumen, el carácter técnico o político del cargo, y el costo de oportunidad, entre otros, deben ser factores a considerar en la determinación de la remuneración.

Un segundo punto dice relación con el órgano técnico encargado de determinar las remuneraciones de las autoridades.  Si bien resulta positivo que finalmente se haya aprobado que sea otra comisión técnica externa -distinta del Banco Central, como se planteó inicialmente- quien asuma dicha función y revise cada cuatro años las remuneraciones, hay aspectos que aún deben evaluarse, como, por ejemplo, que la Secretaría Técnica encargada de proveer los antecedentes a la comisión técnica sea precisamente el Banco Central, pues ello se aleja de su misión, cual es velar por la estabilidad de la moneda.  De este modo, el Servicio Civil podría ser un organismo más adecuado para ello.

Asimismo, reducir a la mitad las remuneraciones de las más altas autoridades del Gobierno, del Congreso y de intendentes y gobernadores, sin ninguna consideración técnica que la respalde, resulta apresurado.  Tratándose de la dieta parlamentaria, puede significar un claro desincentivo para atraer nuevos talentos, pero en el caso de otros poderes del Estado, ello resulta mucho más complejo y grave aún, especialmente porque se aprobó aquella norma que establece que las remuneraciones de los funcionarios no podrán ser superiores a los de sus superiores jerárquicos.   Además, dado que se trata de una rebaja transitoria que operará mientras no se determine por la comisión técnica las remuneraciones de las autoridades, se pueden generar falsas expectativas a la ciudadanía.

Finalmente, y sin perjuicio de que la iniciativa presenta también ciertos conflictos de constitucionalidad por tocar materias de iniciativa exclusiva presidencial, la cuestión de fondo merece una reflexión seria. Más allá de la señal de austeridad que se persigue, debe velarse especialmente porque se generen los incentivos correctos para atraer a personas de alta preparación y experiencia profesional a cargos públicos, al tiempo de no generar incentivos perversos (posibles riesgos de corrupción) que hace algunos años hubo que remediar.

En definitiva, no se trata entonces sólo de dar una señal política de austeridad.  Es de esperar que en el Senado exista una discusión seria, alejada del oportunismo político, que considere criterios objetivos y transparentes en la determinación de las remuneraciones y que sopese los beneficios y las externalidades.