LEY DE PRESUPUESTOS EN SU ETAPA FINAL

Tras más de un mes de tramitación y arduos debates respecto de algunas partidas más complejas, en la madrugada de ayer se despachó la Ley de Presupuestos 2020 (LP 2020) por el Senado, tras un marco de entendimiento acordado entre los Senadores y el Gobierno relativo principalmente a aquellos aspectos relacionados a las demandas ciudadanas más urgentes. Fuera del acuerdo, hubo también otros aspectos controvertidos que se zanjaron en la votación. Producto de las modificaciones introducidas por el Senado, la ley pasa ahora a su tercer trámite constitucional para ser revisada nuevamente por la Cámara de Diputados, siendo lo más probable que se dé lugar a una Comisión Mixta que terminara resolviendo las diferencias entre ambas Cámaras.

El contexto actual que ha rodeado la tramitación de la LP2020 sin duda ha sido muy diverso al de años anteriores.  El estadillo social ha sido determinante en la discusión presupuestaria, lo que se ha reflejado en los ambiciosos requerimientos formulados por los parlamentarios al Ejecutivo - muchos de ellos haciendo caso omiso de la institucionalidad vigente- que presionan fuertemente al Fisco.   Prueba de ello, por ejemplo, la aprobación en la Cámara de Diputados de aquella indicación parlamentaria que proponía un aumento en un 50% la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario, pese a ser dicha indicación declarada inadmisible por la mesa de dicha Cámara, por ser materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. En el Senado esta materia se modificó, según se explicará a continuación.

A fin de destrabar ciertas partidas, se acordó principalmente lo siguiente en el marco de entendimiento ya referido:

Pensiones

Se propusieron mejoras al Pilar Solidario, las que serán plasmadas en un nuevo proyecto de ley de rápida tramitación.  En dicho proyecto se considerará, entre otras medidas, un aumento al 50% para la Pensión Básica Solidaria (PBS) y para la Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS), desde enero del año 2020, para beneficiarios mayores de 80 años, proponiendo para aquellos mayores de 65 años un mecanismo de gradualidad en el aumento en la PBS y la PMAS, respectivamente.

Transporte Público para el Adulto Mayor

El Ejecutivo se comprometió a rebajar un 50% de tarifa normal vigente al 1 de noviembre 2019, para el 100% de los adultos mayores de 65 años o más pensionada, en todos los servicios de transporte público mayor remunerado de pasajeros.  Llama la atención la falta de focalización de la medida según niveles de ingresos de los beneficiarios.

También se incluyen subsidios al transporte intercomunal, dentro de una misma provincia, transporte marítimo, fluvial, lacustre y aéreo de servicios que se liciten.

Atención Primaria de Salud

El Gobierno se comprometió a aumentar el per cápita de la Atención Primaria de Salud (APS), lo que implicará un crecimiento real de un 11% respecto del valor 2019 ($6.494). Cabe destacar que esto incluye recursos para financiar la nueva prestación GES Enfermedad de Alzheimer.

Medicamentos

El Gobierno se comprometió a tomar una serie de medidas.  Entre ellas, por ejemplo, crear un registro digital en Cenabast, así como una plataforma digital (on-line) que permitirá a personas naturales la compra de medicamentos al precio Cenabast, medicamentos que serán despachados a domicilio a través de un canal a determinar. Ello requiere mayor análisis para no generar falsas expectativas por las reales capacidades y forma de funcionamiento de Cenabast. Asimismo, otras medidas son permitir la importación de medicamentos a través de pagos simplificados a personas naturales y jurídicas; exención de derechos aduaneros a la importación de órganos y tejidos donados a pacientes conforme a la regulación vigente; y acelerar la tramitación del proyecto de ley Fármacos II que crea un Observatorio de Precios de Medicamentos.

Fuera de aquellos aspectos comprendidos en el acuerdo, hubo otros aspectos muy debatidos, principalmente en relación a la Partida del Ministerio de Educación y Gastos Reservados de Carabineros.

En relación al presupuesto del Ministerio de Educación, se acordó introducir nuevos recursos para el financiamiento de un bono para las manipuladoras de alimentos. De acuerdo a información de la JUNAEB, en todo el país hay cerca de 35.800 manipuladoras de alimentos, que son las encargadas de entregar diariamente las raciones del programa de alimentación para los alumnos de establecimientos públicos y particulares subvencionados. Este tipo de bonificaciones constituyen un mecanismo que se viene utilizando con frecuencia con la finalidad de complementar sus remuneraciones y da cuenta de un grupo que, a pesar de no formar parte del empleo público, posee un poder de negociación importante.

Adicionalmente, un punto en que no se logró acuerdo entre el Ejecutivo y los legisladores de oposición, tiene que ver con el financiamiento del Crédito con Aval del Estado (CAE), que estos últimos estarían intentando suprimir vía presupuesto. Al respecto, es importante recordar que se trata de una materia que sólo puede modificarse a través de la propia ley que lo crea (Ley N°20.027 del año 2005) y que el Gobierno, por lo mismo, presentó un proyecto de ley en junio de 2018 para eliminar el CAE y reemplazarlo por un crédito estatal. Dicho proyecto no ha avanzado en su tramitación, en parte por la falta de voluntad de la oposición, lo que impide avanzar en el orden correcto, que sería, primero modificando o eliminando la ley que establece el CAE y luego eliminando el gasto relacionado a éste en el presupuesto.

Respecto a los Gastos Reservados de Carabineros, se aprobó una indicación presentada por la senadora Allende para reducir a $1.000 los montos destinados a este ítem.  Ello, a fin de dar una señal, según fundamentó su autora, por la actuación que ha tenido Carabineros en el marco de la crisis social. Sin embargo, cabe recordar que el año pasado también se generó controversia respecto de este ítem, siendo reducidos al mínimo por el Senado, lo que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional por vulnerar el artículo 67 de la Constitución.  En definitiva, a juicio del Tribunal, la decisión de establecer pisos mínimos para gastos reservados le corresponde al legislador en una ley permanente y no a través de la Ley de Presupuestos, que no puede alterar el contenido de leyes permanentes.  Sobre este punto, cabe señalar que actualmente se encuentra en tramitación un proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo en diciembre del año pasado sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados, que tuvo su origen precisamente en los compromisos adquiridos en el marco de la Ley de Presupuestos del año anterior a fin de incorporar modificaciones a la Ley Nº19.863 en esta materia.  Dicho proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.

"En definitiva, ya en la recta final de la Ley de Presupuestos, quedan en evidencia los importantes esfuerzos que está haciendo el Ejecutivo en la materia por intentar satisfacer las demandas sociales, los que se suman también a los que tendrá hacer para hacer frente al alto costo económico y social que han significado los lamentables actos de violencia que hemos vivido en el último tiempo. Especialmente en un escenario tan complejo y de inestabilidad como el actual, quienes ejercen cargos públicos, en vez de formular peticiones con fines políticos de corto plazo, deberían velar por el respeto a la institucionalidad vigente y el adecuado uso de los recursos fiscales", dice Pilar Hazbún, Coordinadora del Programa Legislativo de LyD.