Agenda de Orden Público

Luego de un mes de haberse desatado el denominado “estallido social” en nuestro país, ha quedado en entredicho la capacidad del Estado para mantener el orden público. Muchas son las personas que se han visto afectadas por el nivel de violencia alcanzado, no sólo en términos emocionales, sino también materiales, tanto en sus posibilidades de transporte como en sus fuentes laborales y en el desarrollo de sus actividades empresariales, haciéndose cada vez más urgente la adopción de medidas legales y administrativas que eviten que situaciones como las vividas se tornen recurrentes e incontrolables.

Siendo un deber esencial del Estado dar protección a la población, todos los poderes que lo componen deben estar alineados en alcanzar la preciada y necesaria paz, cada uno dentro del ámbito de su competencia. En este sentido, gran parte de la agenda de orden público anunciada por el Ejecutivo, al implicar reformas a la legislación actual, requiere de un actuar comprometido por parte de los miembros del Congreso Nacional, para cumplir sus funciones con la celeridad y profundidad necesaria.

Como parte de esta agenda, el Ejecutivo reimpulsará dos proyectos de ley que se encuentran hace un año en tramitación en el Congreso Nacional, a fin de que sean despachados prontamente por las respectivas Cámaras. Por un lado, se encuentra el proyecto de ley que moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado, cuya reformulación había sido recomendada en calidad de urgente por el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, puesto que no responde a las necesidades actuales, siendo necesario avanzar hacia un sistema que permita una acción preventiva eficaz ante amenazas internas y externas. Un sistema de estas características es indispensable para la estabilidad del régimen democrático de gobierno, como ha quedado demostrado ante la ocurrencia de los últimos acontecimientos. Así también, el proyecto de ley que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y transparencia de Carabineros e Investigaciones, a fin de establecer un sistema de entrega de información al interior de cada una de esas instituciones, con amplias facultades de fiscalización para el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, cuya tramitación se encuentra más avanzada en el Congreso.

Junto con lo anterior, para evitar el afloramiento de violencia en las calles en el contexto de manifestaciones masivas, el Ejecutivo pondrá urgencia a dos mociones parlamentarias presentadas recientemente, que establecen como circunstancia agravante especial al delito de desórdenes públicos ocultar el rostro mediante capuchas o pañuelos, con el fin de ocultar la identidad y el utilizar barricadas o cualquier otro elemento que impida la libre circulación de personas o vehículos.

Por último, presentó a tramitación ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que aumenta las sanciones a los “saqueos”, en los que una persona o grupo de personas actúan en tumulto aprovechándose del caos para apropiarse de bienes ajenos. En estos casos, se establece una circunstancia agravante especial a la conducta tipificada como robo en lugar no habitado, de modo que de ser cometida en contexto de calamidad pública o grave alteración del orden público se deberá aplicar el máximo de la pena correspondiente al delito (presidio menor en su grado máximo, es decir, de 3 años a 5 años 1 día). Junto con ello, no se podrá acceder al beneficio de sustitución de la pena, ni se podrá acceder a libertad condicional sino una vez cumplidos 2/3 del tiempo de condena.

"Todas estas medidas apuntan a fortalecer la capacidad del Estado para dar seguridad a los chilenos, teniendo mayor capacidad preventiva, mayor control de la actuación de sus fuerzas de orden y seguridad, mejores herramientas disuasivas a la comisión de graves desórdenes públicos y mayor reacción a los mismos una vez cometidos. Es de esperar que el Congreso Nacional tenga a bien discutir seriamente estas iniciativas, puesto que gran parte de la población todavía espera que el Estado se aúne en la búsqueda de la paz", dice Trinidad Schleyer, Abogada del Programa Legislativo.