Este martes, el gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley que tiene como objetivo modernizar la Subvención Escolar Preferencial, más conocida como SEP. María Paz Arzola, investigadora de LyD, señala que “esta iniciativa se enmarca en el plan de reducir la elevada burocracia asociada a la gestión de los establecimientos escolares, que se ha venido produciendo como consecuencia de diversas leyes y normas implementadas en los últimos años para resguardar el uso de los recursos públicos”.

La SEP es una subvención que se entrega a los establecimientos que suscriben un convenio con el Ministerio de Educación para recibir en forma gratuita a los estudiantes calificados como prioritarios, esto es, que pertenecen aproximadamente al 40% de menos ingresos del país. Asimismo, en los últimos años esta subvención se extendió hacia los alumnos pertenecientes al tramo siguiente de ingresos, hasta el 80% de menos ingresos de la población, aunque en una cuantía equivalente a la mitad de la que se entrega por cada alumno prioritario. De esta forma, el objetivo original de la SEP fue apoyar la educación de los alumnos más vulnerables del país mediante: 1) la entrega de recursos extra, 2) el compromiso de los colegios en la ejecución de acciones especiales para ellos a través de un Plan de Mejoramiento Educativo y 3) el establecimiento de una serie de controles especiales en relación al uso de los recursos, así como a la rendición de cuentas de éstos.

No obstante, el diagnóstico de los últimos años -ratificado por la comisión Todos al Aula- indica que estos controles han sido excesivos y que además han ido perdiendo validez a la luz de las nuevas normativas promulgadas. Ello ha llevado a los sostenedores a sub utilizar los recursos de la SEP: según estimaciones de la Superintendencia de Educación Escolar, el 16% de los recursos destinados anualmente a esta subvención no son gastados o bien son gastados, pero no declarados como gasto por las escuelas. Adicionalmente, la elevada fiscalización asociada a estos recursos ha provocado una sobrecarga administrativa para las escuelas: hasta 2017, las fiscalizaciones por concepto de SEP ocupaban el primer lugar dentro del total de fiscalizaciones realizadas cada año, rondando entre un 23% y más de un 30% del total, o a más del 50% si es que sólo se consideran las fiscalizaciones relacionadas a recursos.

A la luz de dicho diagnóstico, los principales cambios que introduce este proyecto de ley son la extensión de la SEP a todos los alumnos prioritarios, suprimiendo el requisito de que el colegio deba suscribir un convenio con el MINEDUC, en la medida que las exigencias que éste impone pueden suplirse con los requisitos que la legislación reciente impuso a la subvención general. Adicionalmente, se elimina el Plan de Mejoramiento como una herramienta de rendición de cuenta de los gastos y, en cambio, se reformula como una planificación estratégica general para las escuelas, con un carácter pedagógico.

“De esta forma, consideramos que el proyecto presentado por el gobierno para modernizar la legislación relativa a la SEP es una iniciativa necesaria y constituye una buena noticia”, explica Arzola. Próximamente este proyecto de ley debiera ponerse en tabla en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para poder dar inicio a su discusión.